Ciudad de México, 2 de marzo de 2017

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, PARA FUNDAMENTAR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, QUE ADICIONA EL NUMERAL 4 AL ARTÍCULO 49 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DURANTE LA SESIÓN ORDINARIA

DIPUTADO JORGE TRIANA TENA (JTT): Con su permiso, diputada Presidenta.

Antes de iniciar la fundamentación quiero comentar que la Mesa Directiva de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias ha entregado una solicitud de adenda a la Mesa Directiva, misma que solicito se dé lectura y se someta a socialización del Pleno, en su momento, muchas gracias.         

Los esfuerzos parlamentarios llevados a cabo por la actual Legislatura para crear un marco jurídico que permita un eficaz combate a la corrupción, transitan de manera obligada por el constante perfeccionamiento de las reglas y procedimientos que rigen el actuar de los servidores públicos.

Durante la discusión del denominado Sistema Nacional Anticorrupción afirmamos que este mal que erosiona la credibilidad institucional sólo podrá ser erradicado en la medida en que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad y aporte con su valía y con su ejemplo a fin de que la sociedad perciba resultados inmediatos en el combate a la corrupción y a la impunidad.

En la constante tarea de perfeccionar dicho sistema, el Congreso de la Unión juega un papel fundamental, no sólo por ser este el espacio constitucional desde el que surgen las normas que sancionan las conductas ilícitas de los servidores públicos, sino porque debe ser ejercicio diario el analizar, desde la perspectiva del intercambio de conocimientos y experiencias, las mejores y más acordes ideas y proyectos a fin de adecuarlas a nuestra realidad.

Por ello, cuando la propuesta de crear el Centro de Estudios para la Transparencia,  Rendición de Cuentas y Políticas Anticorrupción como espacio de análisis, estudios de derecho comparado, evaluaciones, sondeos de opinión y, entre otras, de manera objetiva, imparcial y oportuna, se discutió en el seno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, los integrantes de la misma no tuvimos duda del enorme beneficio social que traería el contar con un espacio de dicha naturaleza.

Coincidimos con los razonamientos de la promovente en el sentido de actualizar no sólo nuestra normatividad interna sino de contar con un espacio de estudio, análisis y especialización que nos permitiera de manera constante contar a las legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios de los últimos y más actuales conocimientos en la materia, que nos posibilitaría estar en condiciones de transitar por ese complejo camino que es el perfeccionamiento normativo.

No hubo duda, convenimos en la necesidad de contar con un espacio de estudios para la transparencia, la rendición de cuentas y políticas anticorrupción; sin embargo, también es preciso reconocer que nuestro país vive una situación particularmente compleja desde la perspectiva económica y que a pesar de sus enormes beneficios, la creación de un nuevo centro de estudios de esta naturaleza, como es propuesto, tendría un costo importante con cargo al erario.

Por ello, es importante hacer patente nuestra coincidencia con el espíritu de la propuesta de la iniciativa y con ello el enorme esfuerzo de esta dictaminadora por conciliar dos posiciones: la de una apremiante necesidad por contar con un espacio de especialización en el combate a la corrupción y el de llevarlo a cabo bajo los más estrictos estándares de eficiencia y de austeridad, el de hacer más con menos.

Por ello, esta comisión dictaminadora realizó las adecuaciones necesarias a la iniciativa presentada por la diputada Sharon Cuenca, conservando en ellas las motivaciones, propósitos y contenidos a la luz de la viabilidad jurídica y de una adecuada técnica legislativa, a fin de que esta representación popular cuente con una instancia que desarrolle una tarea fundamental y estratégica para el desempeño de las funciones legislativas y para todo el país.

Esta dictaminadora considera procedente incorporar la propuesta como una dirección adscrita al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, cuyo objetivo es compatible con los fines que dieron origen a la iniciativa que estamos a punto de dictaminar.

La propuesta se recoge en el mismo artículo 49, adicionando un numeral IV a fin de que el actual Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias cuente en su estructura con una dirección para desarrollar estudios de transparencia, rendición de cuentas y políticas anticorrupción, estableciendo en un artículo Transitorio II que la implementación del presente decreto no comprometerá la erogación de mayores recursos que los presupuestados a la Cámara de Diputados en el ejercicio del año 2016 y, por tanto, se recurrirá a ajustes y ahorros para las reasignaciones y para este fin.

¡No tendrá impacto presupuestal alguno!

De esta manera, encontramos el justo medio a esta propuesta, al tiempo que sentamos las bases para que esta Cámara de Diputados cuente con información de primera mano, de perfil académico y de investigación que nos permita readecuar, evaluar y perfeccionar el marco jurídico del cual estamos seguros, será fundamental en el combate a la corrupción en nuestro país.

Es cuanto, diputada Presidenta.

Muchas gracias.

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MRA