Ciudad de México, 23 de mayo de 2017

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS, PARA DAR EL POSICIONAMIENTO DEL GPPAN, DURANTE LA ENTREGA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2015 A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EN EL SALÓN LEGISLADORES DE LA REPÚBLICA

DIPUTADA MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS (MHR): Buenas tardes a todos.

Muchas gracias, diputado Presidente, por la consideración.

Saludo respetuosamente a los integrantes del presídium: diputado Luis Maldonado Venegas, presidente de la Comisión de Vigilancia; al contador don Juan Manuel Portal, auditor Superior de la Federación.

En la teoría constitucional de división de poderes y establecimiento de pesos y contrapesos, existen diversos controles que el Poder Legislativo ejerce sobre el Ejecutivo. Tratándose de las finanzas públicas ese contrapeso se manifiesta fundamentalmente de dos formas.

En el proceso presupuestal, en el que como Poder Legislativo realizamos un control ex ante de los recursos públicos y en la revisión de la Cuenta Pública del año anterior que se trata de un control ex post en el que el Legislativo vigila el ejercicio del gasto, con el objeto de evaluar los resultados de la situación financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas presupuestales.

Esta última facultad no es otra cosa que un ejercicio de rendición de cuentas.

Es importante decir que por sencillo que se escuche el concepto de “rendición de cuentas”, su trascendencia es mayúscula pues de manera genérica abarca tres maneras diferentes para prevenir y corregir abusos de poder, pues obliga al Poder a abrirse a la inspección pública, lo fuerza a explicar y justificar sus actos y los supedita a la amenaza de sanciones, como lo ha señalado sucintamente Andreas Schedler.

En este sentido, la fiscalización y la rendición de cuentas son principios fundamentales de las democracias modernas, pues su observancia permitirá elevar la credibilidad social de las instituciones, así como fortalecer el marco institucional y jurídico del Estado.

Habiendo realizado el análisis de la Cuenta Pública 2015, el día de hoy las y los diputados de esta Sexagésima Tercera Legislatura entregamos a la Auditoría Superior de la Federación nuestras conclusiones y recomendaciones.

Mencioné que la Cuenta Pública es un ejemplo de rendición de cuentas y, por tanto, un ejemplo de apertura al escrutinio público. En este espíritu habremos de reconocer la labor que la Auditoría Superior de la Federación realizó pues ejerciendo sus funciones con el alto rigor técnico que la caracteriza y apegándose a los principios de confiabilidad e imparcialidad, nos entregó herramientas y elementos que nos permiten constatar la realidad del gasto público frente a las cuentas alegres con las que el Gobierno Federal ha tratado de justificar los ajustes a la baja del Presupuesto federal, sobre todo en cuestiones que afectan en gran manera a la población.

Los recortes en materia de derechos humanos y desarrollo social, me refiero a: salud, educación, vivienda, campo, entre otros.

A inicios de este año, cuando se anunciaron los incrementos en el costo de los combustibles, el Gobierno Federal nos preguntó: “¿Qué hubieran hecho ustedes?”, y desde el Grupo Parlamentario del PAN contestamos ese cuestionamiento con propuestas:

La reducción del 50 por ciento en la tasa del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y también el reintegro de las cantidades que fueron observadas por la Auditoría Superior de la Federación como recursos públicos que fueron usados con fines distintos a los previstos por la normatividad.

Menciono este tema, toda vez que dentro de las conclusiones que se entregan a la Auditoría Superior se señalan las recuperaciones probables por un monto de 63 mil 442 millones de pesos y estaremos pendientes del desarrollo de los procedimientos en los que los entes auditados presenten la documentación comprobatoria correspondiente, pues ante la nociva costumbre de que en México gastamos mucho y gastamos mal, creemos que ya es hora de cambiar radicalmente, tenemos que gastar mejor, con más calidad.

Para lograr este cometido es urgente que atendamos los hechos preocupantes relacionados, por ejemplo, con los padrones de los programas gubernamentales, pues se ha identificado que no existe una definición general de estos padrones y un sistema integrador de los mismos, que no se puede corroborar si es que los beneficiarios corresponden con la población objetivo de los programas.

Es decir, esta opacidad ha impedido que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, eficacia y economía, tal como lo mandata nuestra Constitución.

Derivado del análisis del Informe de Resultados de la Cuenta Pública y con la intención de propiciar una mayor calidad en el gasto, la Auditoría Superior de la Federación nos sugiere algunos temas de interés para el trabajo legislativo, por ejemplo, con relación al sector hacendario se reportan casi 30 sugerencias de modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Muchas de las cuales, por cierto, ya se encuentran consideradas en la iniciativa de reforma que diputadas y diputados del PAN PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y Panal presentamos a finales del año pasado y que junto con otras 20 iniciativas más sobre esta misma ley, se encuentran pendientes de dictaminación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en esta Cámara de Diputados.

Por eso aprovecho este espacio para hacer un llamado a la Comisión de Presupuesto, a fin de que pueda avanzarse en el análisis y discusión de este amplio inventario de iniciativas, porque muchas de ellas tienen propuestas sumamente valiosas que, al parecer, están siendo olvidadas.

De nada sirve que en el Legislativo llevemos a cabo ejercicios democráticos como el que hoy nos ocupa, en el que hacemos un balance sobre los resultados observados del análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, cuando en la práctica no cumplimos con nuestra función principal, con una de nuestras principales atribuciones como legisladores que consiste en el mejoramiento del marco jurídico nacional para resolver, prevenir, evitar o sancionar la situaciones irregulares que se vienen detectando.

No es posible que como legisladores seamos renuentes a ejercer a cabalidad las responsabilidades de nuestro cargo y; sin embargo, así está sucediendo.

Uno de los mejores ejemplos de esta penosa situación lo tenemos en la dictaminación de las cuentas públicas, que es un control financiero que lleva a cabo el Legislativo respecto del ejercicio del gasto realizado por toda la Federación.

La Constitución nos señala que esta Cámara de Diputados concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación.

Por su parte, nuestro reglamento también establece que a más tardar en esa fecha la Comisión de Presupuesto deberá aprobar el proyecto de dictamen y presentarlo al Pleno para su votación y aprobación.

Una redacción tanto simple y tan clara ha tenido como consecuencia que tengamos a la fecha pendientes de dictaminar nueve cuentas públicas de 2003 a 2006 y de 2010 a 2014. Nos encontramos --como es evidente-- en una muy grave omisión.

La antítesis de la corrupción es la integridad. Frente al corrupto el íntegro, el probo, el recto, el intachable. Esto es lo que la ciudadanía demanda de todos aquellos que ostentamos un cargo público, que nos conduzcamos con rectitud, que nuestras acciones sean integras y vayan encaminadas a procurar el bien común.

Por eso es que todos, tanto servidores públicos como gobernados, debemos cumplir con las disposiciones que las leyes no señalan, de ahí la gravedad de estas omisiones como Poder Legislativo.

Es importante mencionar que el análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 es el último que se llevó a cabo conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, abrogada como consecuencia de las reformas en materia de combate integral a la corrupción.

Para la Cuenta Pública del Ejercicio 2016 la Auditoría Superior de la Federación podrá hacer uso de las facultades que como Congreso de la Unión le conferimos en consonancia con el Sistema Nacional Anticorrupción y en búsqueda de armonizar el  Sistema Nacional de Fiscalización, que será uno de los puntos medulares de…

Por esta razón, en las 11 recomendaciones específicas al trabajo de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación que presentamos los integrantes de la Comisión de Vigilancia de esta Cámara, se advierte el énfasis en retomar las mejores prácticas internacionales, en establecer los controles necesarios para mejorar la calidad de la fiscalización del gasto público, en solicitar mayor detalle en los informes a fin de que pueda apreciarse a profundidad los tipos de anomalías que se presentan, en fortalecer la normativa vigente para hacer frente a las estrategias de elusión de entrega de información por parte de los entes auditados.

Para finalizar, quisiera centrarme en una recomendación relacionada con el proceso de endeudamiento en las entidades federativas y los municipios.

En virtud de que fue esta Cámara de Diputados quien me concedió el honor de nombrarme Presidenta de la Comisión Bicameral correspondiente y atendiendo lo que hace menos de 15 días que se llevó a cabo el “Foro: Perspectivas de la Deuda Subnacional” organizado por la Auditoría Superior de la Federación en conjunto con una servidora como secretaria de esta Comisión de Vigilancia.

Recomendamos que en el marco de su autonomía técnica y de su gestión, la Auditoría elabore un informe sobre los riesgos para las finanzas públicas nacionales detectadas en el proceso de endeudamiento de estados y municipios que incluya la inscripción del total de obligaciones –entiéndase las contingentes relacionadas con esquemas de asociación público-privadas y las ya registradas ante la Secretaría de Hacienda--.

Asimismo, recomendamos que se informe de las sanciones y responsabilidades que fueron aplicadas a los servidores públicos por actos u omisiones que impliquen incumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera.

Suscribo en su totalidad esta recomendaciones pues como lo mencioné en el Foro de Deuda Subnacional, deben iniciarse y darse puntal seguimiento a los procesos de deslinde de responsabilidades penales o a los procesos de tipo administrativo de los servidores públicos involucrados en el endeudamiento excesivo –sobre todo—de entidades como Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Sonora, Quintana Roo y Coahuila.

De la misma manera, es preciso que también se inicien los procedimientos relacionados con el resarcimiento y el reintegro del recurso a las haciendas públicas locales.

Lo he manifestado en otras ocasiones: sin una rendición de cuentas efectiva, sin un verdadero combate a la corrupción, la transparencia solamente seguirá generando impunidad.

Es cuanto, diputado Presidente.

--ooOOoo--

MRA