Ciudad de México, 24 de mayo de 2017

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS, PARA PRESENTAR DOS INICIATIVA QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DURANTE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE,  EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA

MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS (MHR): Con su permiso, senador Presidente.

Apreciables compañeros legisladores:

Hoy vengo a presentar dos iniciativas a nombre de mis compañeros integrantes de diversos grupos parlamentarios que participamos en el Caucus Anticorrupción, a quienes agradezco su disposición y voluntad para sumarse a estas propuestas que son de la mayor relevancia.

La primera de ellas reforma la Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública, con estas modificaciones se pretende regular el perfil profesional del servidor público que por responsabilidad, experiencia y funciones deba ser orientado a profesionistas certificados.

Los objetivos de esta iniciativa son establecer la obligatoriedad de la certificación profesional para los servidores públicos de carrera, así como los servidores públicos que estén adscritos a las delegaciones.

La Secretaría de la Función Pública identificará y definirá los organismos auxiliares que actúan como entidades certificadoras de los profesionales, contempladas en el servicio civil de carrera.

Por su parte, las dependencias  podrán celebrar convenios con organismos auxiliares que actúen como entidades certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio Profesional de Carrera.

Para la Federación se tendrían los siguientes beneficios: elevar la calidad del desempeño y preservar la práctica profesional de los servidores públicos que se integran al Servicio Profesional de Carrera, coadyuvar en la educación profesional continua de los servidores públicos y garantizar la actualización de los conocimientos técnico-profesionales de los servidores públicos para el cumplimiento de su responsabilidad social.

También proponemos reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pues desde la creación de la ley ha sido un tema muy polémico.

En el 2009 cuando se planteó el primer proyecto para legislar sobre esta materia, fue muy bien recibido por parte de la ciudadanía, en pro de mayores controles por parte de la autoridad, en la que por cierto, hay resistencias en diversos sectores.

El tema de la auditoría para la revisión de los controles, procedimientos y sistemas en materia de previsión de lavado de dinero, es un tema que la GAFI ha recomendado y que se ha implementado en países como Argentina y Brasil, que realizan esta revisión para señalar las debilidades detectadas, para que sean corregidas y la participación del sujeto obligado en el régimen de prevención de lavado de dinero, sea cada vez más efectiva.

En México, el SAT no cuenta con suficientes recursos humanos y económicos para realizar visitas de verificación a una población de sujetos obligados muy representativa.

Con el fin de probar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Lavado se propone que quienes realizan actividades vulnerables no financieras mantengan medidas de control, que incluyan la revisión por parte de un auditor externo para evaluar e informar  del cumplimiento de dichas obligaciones.

La adición que se propone tiene dos efectos positivos. Por un lado, el sistema de combate al lavado de dinero se verá fortalecido con esta medida, ya que quienes realizan actividades vulnerables podrán ir mejorando su nivel de cumplimiento y serán más eficientes en la prevención del lavado de dinero, al aportar información más útil, logrando que haya más procesos y sentencias, y que realmente se combatan estas conductas que tanto afectan el desarrollo de México.

Quienes realizan las actividades vulnerables, con el informe que obtengan, podrán, a su vez, corregir las deficiencias que tienen los procedimientos que desarrollan y con esto obtener una reducción en las sanciones que se les impongan.

Las sanciones previstas en la ley son disuasivas, lo que significa que con ellas  se busca que los sujetos obligados no incurran en infracciones y más allá de que el supervisor sancione a quienes descubra infringiendo la ley, es decir, se debe promover que quienes realizan las actividades vulnerables previstas en la ley cumplan, cada vez, de mejor manera.

Con la implementación de la reducción por parte de un auditor externo para evaluar e informar el cumplimiento en las obligaciones, el régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita aplicable en nuestro país a las actividades y profesiones no financieras, se verá muy fortalecido, pues quienes las realizan estarán obteniendo con frecuencia un informe en el que conocerán las deficiencias de sus procedimientos y contarán con un plan de acciones correctivas, tendientes, precisamente, a su corrección.

Los sujetos obligados tienen la percepción de que el SAT no está realizando sus facultades de supervisión, por tanto, no están cumpliendo como es debido.

Por ello, en las visitas de verificación que ha practicado el SAT a los sujetos obligados para comprobar su cumplimiento, en prácticamente en todos los casos, ha procedido imponer sanciones, en ocasiones de montos considerables, derivados de incumplimientos que detecta.

Estas propuestas, compañeros legisladores, se suman a la convocatoria que hicieron recientemente el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Ceneval, para los contadores que estén interesados en certificarse como especializados en materia de prevención de lavado de dinero.

Es cuanto, Senador Presidente.

*Turnada a la Comisión Justicia de Cámara de Diputados

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