Ciudad de México, 14 de junio de 2017
TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, PARA DAR EL POSICIONAMIENTO EN NOMBRE DEL GPPAN, DEL DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN POR EL QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A IMPULSAR LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS, DURANTE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE, EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR (FDC): Con su venia, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros legisladores:
Vengo a razonar el voto de los legisladores del PAN y apoyar el dictamen de referencia porque es una propuesta que presentamos el diputado Jorge Ramos, la diputada Cristina Jiménez, el diputado Juan Blanco y yo.
Tiene que ver con fijar una postura pública como Congreso de la Unión respecto de cómo se han venido llevando a cabo las extradiciones a Estados Unidos, de connotados delincuentes que son aprehendidos en territorio nacional.
Desde que se dio –y recordarán quienes estuvieron en la Comisión Permanente anterior— la detención de Joaquín Guzmán, hace más de un año, señalamos aquí que debía de negociarse antes de obsequiar la extradición, que se pudieran compartir los bienes asegurados, en el caso de Joaquín Guzmán.
Presentamos un convenio de colaboración entre el Gobierno mexicano y el Gobierno estadounidense en el (…) que data del año de 2012 y exhortamos al Gobierno de la República a que hiciera lo propio.
Se votó por unanimidad, se llevó a cabo una reunión en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, en la cual el Gobierno de la República garantizó a través de sus funcionarios que ante ella comparecieron, que haría lo propio para exigir --previo a la extradición—repartir y compartir los bienes asegurados.
Desafortunadamente los cambios en el Gabinete, en la Cancillería y en la Procuraduría General de la República, generaron mala comunicación o coordinación y los funcionarios que habían comprometido la palabra del Gobierno mexicano en estos temas, no transmitieron ese acuerdo y cuando llegaron los nuevos titulares, se obsequió la extradición sin haber cumplido lo que había pedido la Comisión Permanente y lo que había comprometido en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional el Gobierno de la República.
Déjenme citar algunos casos para que vean cómo es una conducta persistente:
Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomomo”, en 2016 se le aplicó una multa de 529 millones de dólares, la Fiscalía estadounidense pedía una multa de 10 mil millones de dólares con cadena perpetua desde el 5 de abril de este año.
Eduardo Arellano Félix, en el año 2015, una multa de 50 millones de dólares, condena de 15 años de prisión.
Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, multa de 4 millones de dólares y 10 años de prisión.
Benjamín Arellano Félix, 2012, multa de 100 millones de dólares, condena de 20 años de prisión.
Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”, multa de 50 millones de dólares y un yate llamado Dog Hollyday, condena de 23 años de prisión con el pago de la multa y por delatar a cómplices evadió la pena de muerte.
Osiel Cárdenas Guillén, “El Mata Amigos”, multa de 50 millones de dólares y condena de 23 años de prisión.
Juan García Ábrego, multa de 128 millones de dólares, condena de tres cadenas perpetuas.
Sólo de los siete casos mencionados, el Estado mexicano ha dejado de captar una parte de cientos de millones de dólares de multas que ha impuesto la justicia estadounidense a capos extraditados al Gobierno de Estados Unidos, a cambio de delatar y dar información para ahondar en las investigaciones.
El Gobierno estadounidense se está quedando con los delincuentes que aquí se aprehenden, con la información que ellos generan y con el dinero mal habido que a ellos les incautan.
Es por eso que celebramos este dictamen. Reconozco el acompañamiento de todas las fuerzas políticas que vuelve a ratificar esa postura, a la luz de la detención de “El Licenciado” y reitera el exhorto para que con instrumentos internacionales, como los que ya tiene firmados el Estado mexicano, no sólo en el caso de Joaquín Guzmán –que todavía se puede hacer a través de canales diplomáticos— sino que ahora sí se haga previamente, si es que se obsequia la extradición de “El Licenciado” y que no nos vuelva a pasar que la sangre, los muertos y el dinero que cosechan aquí, llene este saldo de bifurcación.
La sangre derramada, el conflicto social, la corrupción de las autoridades se queda en México y el dinero asegurado se queda en Estados Unidos y la información privilegiada se queda en Estados Unidos.
Es por eso que acompañamos el dictamen de referencia y es lo que tengo que decir.
Muchas gracias, señora Presidenta.