Ciudad de México, 12 de julio de 2017

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS, PARA PRESENTAR INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 3º Y 42 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DURANTE LA SESIÓN DE LA  COMISIÓN PERMANENTE, EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA.

DIPUTADA MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS (MHR): Con su venia, Presidenta.

Compañeras y compañeros legisladores:

La educación tiene una función social básica, amplía las oportunidades educativas para reducir las desigualdades entre grupos sociales, cierra brechas e impulsa la equidad.

En México, nuestra población tiene un promedio de 9.1 años de escolaridad, lo que es equivalente a un poco más de la secundaria.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha señalado que el umbral educativo necesario para revertir la tendencia de pobreza y garantizar con una alta probabilidad el acceso mínimo al bienestar a lo largo del ciclo de vida, es de por lo menos 12 años de estudios formales.

Debemos de estar conscientes de  que la educación media superior y superior es un enlace importantísimo entre las políticas educativas y el mercado laboral.

Está demostrado que la tasa de empleo aumenta con el nivel de estudios y además, quienes egresan del nivel medio superior reciben un salario 30 por ciento mayor, respecto de quienes no lo cursaron.

Mientras que contar con una licenciatura o un grado equivalente implica ganar dos veces más que aquellos con educación media superior.

Sin embargo, de acuerdo con la OCDE, solo el 16 por ciento de la población adulta en México cuenta con estudios de educación superior y no solo eso, apenas el 24 por ciento de nuestros jóvenes mayores de edad están inscritos en una escuela de educación superior pública o privada. Un porcentaje sumamente bajo, si se le compara con Australia, Islandia o Corea del Sur, donde es del 60 por ciento.

Además de la baja cobertura, el número de jóvenes que logra culminar sus estudios es bajo, apenas ocho de cada 100 alumnos que comienzan los estudios de universidad, logran terminarlos.

¿Cuáles son las principales causas de deserción?  La primera, desde luego, es la falta de interés y la segunda, es la imposibilidad de continuar debido a la situación económica precaria.

Si ahondamos un poco, veremos que esta falta de interés se debe en gran medida al desempleo y a la baja remuneración económica del mercado laboral al que se enfrenta nuestra juventud. En verdad, esta situaciones es verdaderamente  deprimente.

La Cepal ha señalado que los recursos invertidos en la educación logran un retorno social y privado más alto, ya que en los años adicionales de educación se traducen en importantes ahorraros de recursos públicos y privados, en el abatimiento de los índices de pobreza y marginación; en la recomposición del entorno de bienestar social,  en la reducción del subempleo, en la disminución de la breca salarial  entre hombres y mujeres, entre muchos otros efectos positivos .

Sin embargo, con la deserción escolar se propicia un efecto contrario, por las fisuras sociales se amplían y la movilidad social se pierde, cuando quienes tienen menos posibilidades y recursos, abandonan las aulas.

Por eso, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es fundamental garantizar en México el derecho humano de acceso a la educación en todas sus vertientes, dentro de ellas, el acceso medio superior y superior.

Cabe señalar,  que hoy día el principal esquema de atención a la educación superior ha sido el financiamiento de la oferta a través universidades públicas; sin embargo, también existen esfuerzos que han contribuido a cubrir los costos de la educación superior a través de becas, como el caso del programa de financiamiento a la educación superior de Nacional Financiera o las becas Pronabes, que tiene la Secretaría de Educación Pública.

En el primer caso, se tienen fondos para financiar a hasta 12 mil estudiantes y en el segundo, se entrega un promedio anual de 260 mil becas anuales para la población de bajos ingresos.

No obstante estos esfuerzos, han sido insuficientes para el acceso y permanencia   en la educación superior de los jóvenes mexicanos. Por lo que resulta imprescindible  analizar  otras fuentes de financiamiento.

En este contexto, tiendo como objetivo la función social de la educación y las bondades derivadas de invertir recursos destinados a la educación media superior y superior, debemos considerar que, a partir de este 2017, el INFONAVIT tendrá un sobrante de liquidez,  que aproximadamente equivale a 60 mil millones de pesos anuales, que deberán ser destinados a otro tipo de actividad.

Este excedente financiero se debe a la exitosa restructuración llevada acaba por el INFONAVIT, que no solo permitió un importante reducción al rezago de vivienda de los derechohabientes, sino también el que sus planes financieros sean reajustados para poder  disminuir la cantidad de créditos que se otorgarán en los próximos años.

Por ejemplo, estos últimos seis el INFONAVIT otorgó un promedio de 500 mil créditos anuales; sin embargo, de acuerdo con su propio plan financiero 2013-2017, a partir de este año el promedio podrá reducirse a 380 mil créditos anuales, ya que estos el 26 por ciento corresponderá a usos secundarios diversos en la compra de vivienda.

Lo anterior, hace imprescindible repensar los alcances de la institución y potencializar su solidez financiera en favor de los mexicanos.

A nivel internacional, existen fondos exitosos que combinan varios tipos de financiamiento de seguridad social como vivienda, salud, educación superior y retiro.

Aprovechando la solidez financiera del Instituto, esta propuesta de reforma a la Ley del INFONAVIT, se basa en dar un impulso al financiamiento de educación técnica y superior para que los jóvenes encuentren empleos mejor remunerados y les permita una mejor calidad de vida y suficientes ahorros para su vejez.

Esta propuesta de ley que hoy traigo a esta tribuna a nombre propio y suscrita también por la diputada --mi amiga-- Hortensia Aragón, tiene principalmente dos aspectos:

Permitir que cuando el derechohabiente no quiera utilizar su crédito para vivienda, lo pueda hacer para su propia educación o la de su familia.

Y, segundo, que en virtud de las bajas calificaciones obtenidas por la sustituciones de educación superior, se consideren indispensable que estos créditos se otorguen únicamente para los programas reconocidos como de alta calidad por la propia SEP, medida especialmente en términos de la absorción del mercado laboral.

Con esta reforma se busca asegurar el derecho que tienen los individuos, se abre su subcuenta de vivienda, permitiendo que en los casos de que ya hubiese sido cubierta esa necesidad de vivienda, entonces pueda ser utilizada para financiara la educación de su familia, manteniendo, incluso, la posibilidad con los mismos derechos sobre la subcuenta, en caso de que haya sido pagado el financiamiento educativo.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

*Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de Cámara de Diputados para dictamen.

--ooOOoo--

ATM