Ciudad de México, 24 de octubre de 2017

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ, PARA PRESENTAR INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 190 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, DURANTE EL DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA

DIPUTADO ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ (AECR): Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros diputados:

La extorsión telefónica es una modalidad de delito que comenzó en México debido al uso indiscriminado del teléfono celular.

De acuerdo con la información proporcionada por la PGR, las extorsiones telefónicas son un fenómeno que comenzó a presentarse desde 2004 a consecuencia del combate frontal al secuestro efectuado desde 2001 a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Una vez que los secuestradores ingresaron presos a los penales, buscaron un mecanismo que les permitiera subsistir a ellos y a sus familias, provocando a la par del descenso del secuestro a nivel nacional, el incremento en la incidencia de los intentos de extorsión con fines de secuestro y otros daños a través de llamadas vía celular.

En reacción a este fenómeno delictivo, el 9 de febrero de 2009 se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformaba y adicionaba diversas disposiciones sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones respecto al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, conocido como RENAUT.

Lo que se pretendía --y así se hizo-- era registrar a los usuarios de telefonía móvil a través de la línea telefónica y su CURP. El registro tenía como fecha límite el 10 de abril de 2010; transcurrido el plazo legal sería dada de baja esta línea sin responsabilidad alguna para el proveedor de servicios.

Sin embargo y tras ese importante esfuerzo para registrar la identidad de los usuarios de telefonía celular, el 29 de abril de 2011, el Senado derogó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil debido a dobles registros o usuarios que se registraban con nombres falsos y con lo que resultó ser una la medida ineficiente.

En su lugar se reformaron los Códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal, a las Ley Federal de Telecomunicaciones y la que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados.

Los principales puntos de estas reformas fueron:

Primero. Permitir a la PGR o servidores públicos, solicitar por oficio o medios electrónicos a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica de llamadas vía celular en tiempo real.

Y segundo. Los centros penitenciarios tendrían la obligación  de contar equipos para bloquear las señales de telefonía móvil, radiocomunicación o transmisión de datos e imagen dentro del perímetro, garantizado la continuidad y seguridad de los servicios del exterior.

Estas medidas también han sido insuficientes. Las extorsiones siguen a la alza y una buena parte de las llamadas provienen de los penales.

Atendiendo a esta problemática, es que el día de hoy presento a ustedes esta propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el objeto de solicitar la credencial para votar u otra identificación oficial, y un comprobante de domicilio para llevar a cabo la primera activación del servicio de telefonía.

Los concesionarios, en coordinación con las autoridades validarán la información para poder identificar la personalidad del suscriptor.

Compañeras y compañeros:

Con esta Iniciativa se pretende establecer un mecanismo de colaboración entre las instancias de seguridad y los concesionarios a fin de disuadir el delito de la extorsión telefónica.

Los mexicanos ya estamos hartos de que haya quienes quieran vulnerar nuestra paz y tranquilidad de nosotros y nuestras familias con este tipo de acciones criminales.

Muchísimas gracias, esperamos el voto a favor de los miembros de la Comisión.

Es cuanto.

·        Turnada a la Comisión Comunicaciones para dictamen

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AVC