Ciudad de México, 28 de noviembre de 2017

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO JORGE LÓPEZ MARTÍN, PARA DAR EL POSICIONAMIENTO EN NOMBRE DEL GPPAN, DEL DICTAMEN QUE ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN MATERIA DE DELITOS CARRETEROS, DURANTE LA SESIÓN ORDINARIA

DIPUTADO JORGE LÓPEZ MARTÍN (JLM): Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros legisladores:

La Comisión de Justicia nos ha presentado un dictamen de la mayor importancia en relación con la seguridad de las personas y el patrimonio de las empresas. Se trata de un conjunto de enmiendas al Código Penal Federal que hacen eco a las preocupaciones de cámaras empresariales como la CANACAR, la Confederación de Transportistas Mexicanos y de toda la población que utiliza los caminos y carreteras de nuestro país.

Estamos hablando de la incidencia de delitos cometidos en contra de transportistas, empresas y pasajeros.

Como se ha dicho en esta Tribuna, estos delitos se han incrementado de manera alarmante.

El robo a transporte terrestre es un fenómeno que ha venido a la alza conforme ha avanzado este sexenio. Los delincuentes han encontrado un nicho de oportunidad en el robo a camiones de carga y también de pasajeros.

Las agrupaciones de transportistas tienen razón en sus reclamos. Reclaman a la autoridad porque señalan que en lo que va del año ha habido 3 mil 200 asaltos a autobuses de pasajeros, cifra que es sumamente alarmante y preocupante.

En los medios de comunicación se han dado a conocer muchos de los casos de estos asaltos, algunos de ellos con lujo de violencia, asesinatos y hasta con ultrajes en contra de mujeres.

También se han visto casos en que algunos pasajeros han hecho justicia por propia mano y han herido y hasta asesinado a los delincuentes; esta situación es igual de grave en tanto se observa que lo que priva es la ausencia de autoridad y del Estado de derecho.

El hecho de que las personas no se sientan seguras cuando viajan es una razón suficiente de peso para que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno lleven a cabo acciones contundentes para frenar estos delitos en las carreteras y caminos del país.

Coincidimos plenamente con la propuesta de los transportistas para que el Congreso legisle al respecto, y hoy es lo que estamos haciendo, dando respuesta a esas voces que claman por más seguridad en nuestro país.

Sin embargo, el problema no depende sólo de sancionar en la ley de forma más enérgica el delito, sino que debe pasar por una estrategia mucho más amplia que involucre a más actores para prevenir y erradicar el problema.

Para este delito en específico no basta con aprobar leyes más severas, sino con instrumentar acciones policiacas más amplias en términos de cobertura y en promover también la cultura de la denuncia.

Este delito implica un riesgo que debemos encarar con toda la fuerza del Estado y por lo mismo, se ameritan cambios legislativos, como el que hoy estamos haciendo realidad.

Se trata de generar calificativas a este tipo de delincuencia que mina la seguridad carretera y de dar facultades a las autoridades federales a efecto de que tengan una intervención más clara en esta materia.

Cada vez más se detecta la existencia y operación de grupos delictivos que operan sin importar límites geográficos e incluso vinculados con otros delitos federales.

Lo anterior deberá implicar la aplicación de procesos preventivos y de combate a este género de faltas, que incluya la utilización de Inteligencia.

Por estas razones, amigas y amigos legisladores, las y los diputados del PAN votaremos a favor del dictamen e instamos a la asamblea a apoyar este proyecto y a estar atentos a las tareas de implementación de las acciones correspondientes por parte de las autoridades federales, en cuanto se apruebe en definitiva esta iniciativa de ley.        

Es cuanto, diputada Presidenta.

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MRA