Ciudad de México, 7 de febrero de 2017

TRANSCRIPCIÓN DE LA CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA POR LOS DIPUTADOS ARLETTE IVETTE MUÑOZ CERVANTES, FEDERICO DÖRING CASAR Y JORGE RAMOS HERNÁNEZ, EN EL PÓDIUM PARA ENTREVISTAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

FEDERICO DÖRING CASAR (FDC): ¡Buenas tardes!, les agradecemos su presencia. Seré muy breve.

Los tres diputados aquí presentes, la diputada Arlette Muñoz, como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores; el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el diputado Jorge Ramos y representante de nuestro partido en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y un servidor como vicecoordinador, queremos platicar con ustedes las reformas que presentará en unos minutos, a nombre del Grupo Parlamentario, la diputada Arlette Muñoz, de reformas a la Ley de Extradición Internacional, que pretenden evitar que siga el Gobierno Mexicano extraditando a los narcotraficantes a Estados Unidos sin pelear por la recuperación del dinero mal habido.

Como todos ustedes saben, desde la Comisión Permanente antepasada, no la pasada, desde la antepasada, cuando el Gobierno Federal trasladó a Joaquín Guzmán del Altiplano al Penal de Ciudad Juárez, con el argumento que iban a hacer unas obras de mantenimiento al Penal del Altiplano, analizamos la posibilidad y el

riesgo de que fuesen extraditar a Joaquín Guzmán sin pelear y protestar a través de la Cancillería, que la mitad del dinero mal habido y manchado de sangre, que ha venido acumulando este narcotraficante, se quedara para poder combatir todos los flagelos de la delincuencia organizada en nuestro país.

Ese punto de acuerdo se aprobó, derivado del punto de acuerdo se llevó a cabo una reunión de trabajo en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y en esa reunión de trabajo el Gobierno Federal dio garantías y empeñó su palabra al pueblo de México y a los legisladores de esas Comisión Bicameral, pero fundamentalmente ante la propuesta y demanda de Acción Nacional, de que jamás se iba a extraditar a Joaquín Guzmán, sin pelear previamente el acuerdo de ambas naciones con el documento que presentamos en esa ocasión, el share agreement, que dejaron los gobiernos del PAN como instrumento financiero, jurídico, político, para recuperar el dinero mal habido.

El día de hoy, la iniciativa que presentará la Diputada básicamente establece la obligación para el Gobierno Mexicano, cuando se trate de una extradición de algún narcotraficante o de alguien que tenga una petición por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita o delitos contra la salud, de que el Gobierno Mexicano no pueda conceder la extradición, si no exige antes, la Cancillería, que ambas naciones tengan un acuerdo para el reparto de los bienes decomisados.

Lo que no supo hacer Luis Videgaray como Canciller lo estamos sabiendo hacer nosotros como diputados federales y plasmando en una iniciativa de ley que pretende (no sólo) corregir el error de alguien que no es Canciller, sino que está aprendiendo hacerlo y que, uno de sus primeros errores, nos costó, cuando menos, la mitad de 21 mil millones de dólares.

Es lo que yo diría de inicio; le cederíamos el uso de la palabra a la diputada Arlette Muñoz.

DIPUTADA ARLETTE IVETTE MUÑOZ CERVANTES (AIMC): Agradezco a mi compañero, el diputado Federico Döring; a mi compañero, el  diputado Jorge Ramos.

Estamos comprometidos en Acción Nacional con este tema de la extradición y bueno, esta iniciativa pretende hacer exigible la entrega de estos recursos para futuras extradiciones, pues mientras que en Estados Unidos, con este Gobierno, se captan cantidades millonarias de dinero, aquí, en México, se lucha con el narcotráfico, ofreciendo la vida de funcionarios mexicanos.

Es el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, el indicado, el idóneo  para responder por estas omisiones, de esta responsabilidad de haber permitido la entrega del Chapo sin antes haber acordado la devolución de estos bienes, que si bien ha sido por la sangre de muchísimos mexicanos.

Y, bueno, al negociar estos bienes, en Acción Nacional lo que buscamos es que estos bienes sean usados para combatir adicciones y este dinero no podría ser utilizado de manera discrecional, todo el Gobierno de la República. Es algo que nosotros estamos buscando también como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, en coordinación con mis compañeros de Acción Nacional.

DIPUTADO JORGE RAMOS HERNÁNDEZ (JRH): ¡Buenas tardes!

Esta reforma va dirigida centralmente a evitar que el Gobierno Mexicano vuelva a extraditar a un narcotraficante que haya lastimado el tejido social, que haya lastimado la familia, las instituciones, la seguridad interior, la seguridad nacional del país y simple y llanamente lo entreguen sin hacer valer el perjuicio y el daño que tuvo la sociedad mexicana.

Esta iniciativa va a garantizar como un requisito de procedimiento, que antes que sea extraditado un criminal detenido en territorio mexicano, por autoridades mexicanas, deba activarse la mesa de alto nivel  a la  hace referencia el Tratado Internacional, para que se defina previamente cuál es el monto y el porcentaje de esos bienes, de ese dinero confiscado, para que regrese a territorio nacional.

Tuvimos que llegar a la necesidad de presentar esta iniciativa, ante la clara omisión del Gobierno Federal de atender en tres reuniones de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, en la que se les entregó documentación formal, en la que estaba claro en qué fiscalías federales de los Estados Unidos se estaba haciendo un reclamo cuantioso, importante, que debíamos reclamar a tiempo.

Estamos hablando de que no hace menos de un año se le exigió, en esa reunión, a la Secretaría de Gobernación, a todos los titulares de la PGR que estuvieron presentes en ambas reuniones y también a las áreas de Relaciones Exteriores para que actualizaran y echaran a andar este Tratado Internacional que es muy explicito de qué es lo que se requiere hacer.

Lamentablemente tenemos que recurrir a una reforma legal para hacer obligatorio lo que por ética, moralidad y responsabilidad pública, debió hacerse y sigue todavía ese imperativo legal.

Es una exigencia al Secretario de Relaciones Exteriores y al Presidente de México, que se suba a la relación bilateral con Estados Unidos, el tema de la repartición de los bienes que se le incautan a este criminal.

No hay ningún otro tema de la agenda internacional que reporte esos ingresos, que reporte esa cuantía, que el pueblo mexicano merece y totalmente de acuerdo con mi compañera Arlette, para qué es ese dinero, porque es muy importante. No es simple reclamo de una cantidad. Se dañó el tejido social, se lastimó la salud de millones de niños y jóvenes con la droga, se lastimó a miles y millones de víctimas, producto de la práctica del narcotráfico que dejaron a oficiales de seguridad pública, ministerios públicos, soldados, marinos, dejaron familias huérfanas. Que cuando menos debiéramos restituirles a ese catálogo básico y mínimo que estoy refiriendo.

¡No vamos a quitar el dedo del renglón! No es una pose política, no hemos actuado en el oportunismo del caso, sino que hay una convicción verdadera, no solo en este caso, sino en cualquier otro que se le parezca.

Ya ha habido acontecimientos muy puntales. A los Arellano Félix se les impuso una multa de 200 millones de dólares, que pagaron y nuestro país, se quedó sin ver un solo centavo.

PREGUNTA (P): Hola. Es de otro tema, de la reunión que tuvieron esta mañana con los secretarios.

FDC: Si quieren agotamos éste y luego el Diputado les puede platicar del encuentro con los secretarios.

P.- Sobre este tema, antes de llegar  a lo de la reunión con los secretarios, si ¿podría precisar cómo fueron esos reclamos en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional exigiendo que hubiera estas peticiones o acuerdos de la devolución? Y, ¿qué era lo que respondían los funcionarios? 

JRH: No puedo dar detalles porque fui protestado por la Ley de Seguridad Nacional de guardar sigilo de la importancia que tiene.

Lo que sí le puedo decir es que el compromiso fue de atenderlo y resolverlo. Recibieron de mi parte documentos precisos del contenido, del Tratado Internacional y de las acusaciones en los siete estados de la unión americana.

Se compartieron puntos de vista y hubo coincidencia de parte del Gobierno en todas las expresiones que se presenta el Gobierno Federal en las instituciones ahí en esa reunión y quedó clarísimo el compromiso de reportar qué avances se le iba a dar y hasta la fecha no se ha dado.

Lo estamos reclamando en este momento porque ya se dio la extradición y el compromiso previo era que previo a la extradición se iba a reportar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que para esos efectos está instalada expresamente.

Y hubo un incumplimiento, un incumplimiento político, un incumplimiento jurídico y también moral.

P.- Buenas tardes diputados. A mí me gustaría saber su opinión respecto a que se ha hablado mucho de que la extradición de “El Chapo” Guzmán se perdió una muy buena oportunidad para poder negociar con el Gobierno de Donald Trump y que se adelantó además de que en algún momento parte de sus gobiernos designaron de que el dinero del narcotráfico que se decomisara se iba a destinar a la Secretaría de Salud para las personas que tuvieran problemas de adicción. ¿Qué ha pasado con eso? Y si el dinero del “Chapo” simplemente se va a quedar allá con Estados Unidos.

JRH: Como ya lo hemos comentado, no vamos a bajar a guardia en exigirle al Gobierno que garantice a través del mecanismo que prevé el tratado internacional que no haya disposición de ese recurso ni en la unión americana ni aquí en México sino en los términos que está acordado.

Y segunda. Ya lo declaró Donald Trump: que con dinero del narcotráfico piensa construir el muro, es una doble ofensa; primero a la sociedad mexicana y a las familias y por otro lado la ofensa internacional de querer construir el muro de la ignominia con dinero de sangre, con dinero de secuestros, con dinero de estar lastimando al pueblo mexicano.

Es un asunto de la mayor relevancia el que estamos nosotros señalando aquí y sí exige y sí merece una respuesta puntual del Gobierno mexicano.

No es un tema menor en ningún sentido. Ni en tema de narcotráfico ni en tema de la cuantía y también en el tema binacional con el tema del muro y la relación con Donald Trump.

P.- Hola diputado. Yo reiterarle nuevamente. ¿Hay la posibilidad de verdad de rescatar estos recursos ya que él está allá? Y si sí hay el tiempo para hacerlo y si sí verdaderamente hay un problema en la frontera, la frontera está llena de niños que están abandonados y que no tienen ningún servicio, no sé --a mí me gustaría que ustedes fueran a la frontera-- y se dieran cuenta en la calidad que están viviendo niños y adolescentes que son huérfanos ya sea por el narcotráfico o porque sus papás cruzaron, no hay ningún seguro para ninguno de ellos.

JRH: Absolutamente. Yo vivo en la ciudad de Tijuana, nací fronterizo y comprendo perfectamente la inquietud y la intención de tu pregunta.

Justamente por eso es que debemos garantizar y asegurar que el Gobierno Federal haga ese reclamo de ese recurso.

Sí estamos a tiempo de hacerlo, todavía no se llevan las diligencias en el caso particular de la Corte de Nueva York en donde está el fiscal de Nueva York demandando 11 mil millones de dólares, prácticamente el 80 por ciento del total de recursos que la autoridad americana está señalando a este criminal. La cuantía son 16 mil millones de dólares la suma de toda las –digamos—demandas que están generándose en estas procuradurías.

Claro que estamos a tiempo, obviamente la condición de negociación era mejor teniendo a este criminal en territorio nacional, ahí las reglas las poníamos nosotros y más frente a una presidente que es más empresario y negociador que político y presidente. Se les dijo con toda puntualidad, se les planteó el panorama con toda pertinencia los responsables a apuros titulares del Ejecutivo para que lo hicieran. No ha pasado todavía –digamos—la posibilidad jurídica de reclamarlo pero claro está que no estamos en la misma condición de negociación que si antes de entregarlo hubiéramos nosotros fijado las reglas.

P.-… decomisado al “Chapo” cuando estaba en México y cuánto sería la cantidad ahora que está en Estados Unidos.

JRH: La cantidad no varía, lo que varía es la condición de la negociación. No es lo mismo tener al detenido condicionado a una cuantía a un monto que entregándolo primero y luego hablar de que nos destituya  y nos reconozca.

FDC: Es que el fondo está en… los gobiernos del PAN dejaron este documento al…  del diputado Jorge Ramos del tratado internacional que se llama… y ese documento dice que el reparto es 50 por ciento para cada una de las partes. ¿Por qué 50 por ciento? Porque es una detención conjunta, con información de inteligencia del Gobierno de Estados Unidos pero recursos humanos mexicanos, a veces conjuntos pero en este caso fue recursos humanos sólo nacionales.

Ahora la condición de relación es lo que quiera conceder el Gobierno de Estados Unidos o la justicia de Estados Unidos y si nos vamos más lejos, lo que quede después del probable acuerdo entre Joaquín Guzmán y la justicia estadounidense para después ser materia de negociación.

Eso se debió haber protestado antes de firmar la extradición, por eso los errores de Videgaray son históricos. Fue un error histórico haber traído a Trump a petición de Videgaray y fue un error histórico de Videgaray en su aprendizaje de canciller en haberlo extraditado sin haber firmado el 50 por ciento de recursos previamente.

P.- La pregunta de en un principio sobre la reunión que tuvieron esta mañana con los Secretarios de la Defensa y de la Mariana, que nos explique un poquito en qué tono se dio y qué avances tienen sobre ésta. Gracias.

JRH: Tuvimos la reunión con ambos secretarios; Secretario de la Defensa y Secretario de la Marina el día de hoy por la mañana para poder establecer entre los grupos parlamentarios y las comisiones dictaminadoras y también quiénes fuimos iniciadores de reformas al respecto para poder  compartir puntos de vista en el marco de un desayuno cordial de trabajo en donde el Director Jurídico de Sedena hizo una exposición puntual de qué seguridad interior y qué seguridad nacional y también tuvimos la oportunidad de intercambiar puntos de vista.

Primero diría: hay una gran coincidencia que es un tema de urgencia y así lo entienden Acción Nacional porque nosotros presentamos esa iniciativa desde octubre del 2015, no en la coyuntura de reclamo del Secretario de la Defensa, no en la exigencia y en el calor mediático que ahora traen los temas sino en la visión clara que tenemos desde antes que primero se requiere una reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública y una ley de seguridad interior que supla cuando esté rebasadas las autoridades civiles.

En esa claridad el PAN sigue caminando con el compromiso de darle al país una ley que le permita a las Fuerzas Armadas actuar en el marco de respeto a los derechos humanos pero también sin perder eficacia y sin comprometer a los soldados y a los marinos que algunos de ellos han estado sujetos a proceso por falta de claridad en las reformas.

En ese sentido hay coincidencias ciertamente pero todavía no está el acuerdo político que requiere una ley de esa naturaleza.

Hacen falta todavía las comas y los puntos sobre las íes para poder sacar un acuerdo amplio con todos los grupos y en particular con el PAN.

Nosotros no vamos a condicionar la aprobación de esa ley con ninguna otra pero sí es un tema en el que vamos a estar muy celosos de que en una negociación no sólo por prisa ni por urgencia mediática se atienda un tema tan delicado para la seguridad del país como lo es la seguridad interior.

P.- Diputado, si puede precisar entonces en el desayuno se habló de la diferencia entre lo que era seguridad interior y seguridad pública…

JRH: Correcto.

P.- Y cómo sería el sustento jurídico de cuándo tendría que entrar el Ejército a diferencia de lo que ahorita está pasando que entra cuando quiere y como se les ocurre y preguntarle, entonces, ¿ese es el meollo de la negociación esta definición? Y Si también está pendiente entonces una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para poder hacer que encaje esta ley de seguridad interior.

JRH: Es correcto. La Ley de Seguridad Interior nos lleva a un debate para separar algo muy importante. La seguridad nacional de este país está dividido en dos expresiones: seguridad interior y defensa nacional.

El capítulo de densa nacional –y lo quiero dejar muy claro—ninguna de las cinco iniciativas que se presentaron tocan asuntos de tema de guerra, ni suspensión de garantías ni casos de excepción en lo absoluto, para nada se toca las reformas que estamos tratando.

Lo que estamos tratando es otra vertiente de la seguridad nacional que es la seguridad interior, ahí sí, ahí sí estamos estableciendo que el Ejército y la Marina entrarán en el marco de una declaratoria de seguridad interior cuando amerite que las Fuerzas Armadas intervengan a un estado o un municipio del país.

Y también se establece claramente que primero debe agotarse el esfuerzo de la policía municipal, debe agotarse primero el esfuerzo de las policías estatales, debe agotarse también el esfuerzo de las policías federales para no caer en la comodidad en la que muchos alcaldes y muchos gobernadores del país lo están actualmente; reposando prácticamente una responsabilidad que es de seguridad pública no de seguridad nacional ni de seguridad interior en manos de los militares y los marinos.

Por eso ésta debe quedar muy claro, que esta reforma de seguridad interior es una reforma que viene a programar el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas del país, viene a retirar progresivamente a las Fuerzas Armadas del país de estar cubriendo el tema de la seguridad en los municipios y en los estados.

Y para eso es importante a otra parte de tu pregunta, para eso es importante aprobar también la Reforma Nacional de Seguridad Pública del Mando Mixto porque ahí se va a establecer  cuáles son las obligaciones que tienen las corporaciones policiacas municipales, estatales y federales y cuándo se va entender que han sido rebasados no porque ya no puedes con el paquete pedir o exigirle al Gobierno Federal que pasen federales o marinos y Fuerzas Armadas.

P.- … que para el PRI no estaba condicionado que primero sacaran esas leyes a sacar esta reforma.

JRH: No es un condicionamiento y lo había planteado anteriormente, no es un condicionamiento, es un tema de lógica y de congruencia.

FDC: Pero déjame decirte, pero sobre lo que diga el diputado Camacho, lo que me parece que es importante contestarle, es que tenga claro el pueblo de México que la materia con o sin desayuno, no tiene acuerdo político y que porque el diputado Camacho crea que un tema tenga prioridad sobre otro, eso no dice nada  respecto de lo que puedan opinar otros grupos parlamentarios.

Para nosotros no se puede avanzar en uno, sin que se avance en otro. Sería responsable máxime que quien mandó la reforma el Mando Único, vía Mando Mixto, es una iniciativa del Presidente.

P.- Yo quisiera preguntarle, si nos pudiera precisar ¿en qué etapa se encuentra ahorita la Ley de Seguridad Interior y si se va a aprobar en el periodo ordinario?, ya que unos han señalado o hay el rumor de que ya ustedes, la Comisión de Seguridad, ya emitieron su opinión, la de Justicia, ya emitieron su opinión y que nada más  falta el dictamen de la Comisión de Gobernación, ¿nos puede precisar en qué etapa está exactamente esta iniciativa?

JRH: Estamos en una segunda etapa. La primera consistió –y ustedes la vieron—en consultas abiertas a expertos  de la materia  que se hicieron aquí en Cámara y en la Cámara de Senadores, ya se agotó esa parte, vamos  a recibir el día de mañana a unas asociaciones civiles que no fueron consideras  por el Senado, para escuchar también sus preocupaciones y ya agotada la consulta de los interesados, se está arrancando el proceso legislativo formal.

Estamos ya dictaminando, en el caso de la Comisión de Seguridad, está convocada para este próximo jueves para discutir con los integrantes de la comisión en el pleno, cuál es la opinión que vamos a emitir de aquellas iniciativas y cuáles fuimos consultados.

Y, finalmente, será la Comisión de Gobernación, quien dictamine ya el sentido de estas iniciativas, entre las cuales, lógicamente está la iniciativa que formuló el PAN  hace casi dos años y algunas otras  iniciativas que están considerándose.

P.- Inaudible.

JRH: No hay dictamen, estamos en  un proceso legislativo acercándonos ya a esa definición.

Hoy el Secretario de la Defensa fue enfático en volver  a reiterar la urgencia para el país y para el tema de seguridad que tiene esta Ley y ya hemos recogido ese reclamo y esa preocupación con anterioridad.

FDC: Comento, si no hay acuerdo político, no hay dictamen.

Así trabaja la Cámara de Diputados y trabaja el Congreso, si no  hay acuerdo político, no hay dictamen, puede  haber coincidencia en el diagnóstico y seguirán los trabajos de análisis, pero no hay dictamen si no hay acuerdo político y ese no se ha construido al día de hoy.

Ni el Gobierno Federal lo ha sabido construir ni el Grupo Parlamentario que representa el Gobierno lo ha sabido construir.

P.- Buenas tardes, diputado Ramos, dos preguntas. La primera de ellas, ¿durante la reunión, los mandos militares tanto de Defensa como de Marina expresaron alguna simpatía, alguna coincidencia, alguna simpatía con las  iniciativas de Seguridad Interior que ya están presentadas?

Y en segundo término, ¿se habló en este encuentro de establecer un plazo, quizás en un artículo transitorio, para que los estados asuman su responsabilidad  en tarea  de seguridad pública y el Ejército regrese  a los cuarteles? Por favor.

JRH: Sí expresó y de igual manera el Secretario de la Marina, expresaron simpatía con el hecho de que las  iniciativas que están aquí en Cámara de Diputado, así fue la precisión, sí recogen la preocupación que tienen ambas secretarías en lo relativo a establecer un procedimiento que defina las causas de seguridad interior que justifican la intervención de las fuerzas armadas en algún estado o municipio del país.

La segunda también coincide en que ya es urgente un marco legal que les permita a ellos tener  una actuación eficaz y fue muy sentido también en la parte de la Secretaría de Marina, ayer acribillaron a un marino en la madrugada, a las 3:40 de la mañana aproximadamente y lo que está exigiendo ya las Fuerzas Armadas de nuestro país, es una normatividad que les permita contar con la coordinación con los demás órdenes de Gobierno.

Y, por otra parte, el transitorio –excelente pregunta—la iniciativa que presentó tu servidor tiene un transitorio en el cual se dice que una vez aprobada esta reforma y entrar en vigor, transcurren tres meses para que se haga una evaluación en los estados donde hay presencia militar y a la luz de la reforma para ver si amerita la presencia militar en ese estado, si se justifica, se  actualiza la vigencia y la permanencia temporal de las Fuerzas Armadas y si no hay una justificación, a la luz de las reformas, se regresan a los cuarteles.

P.- Gracias, buenas tardes, diputado, preguntarle, si en esta reunión hubo algún comentario de los secretarios en torno a la actuación de las policías estatales y –digamos--cuál ha sido su experiencia en el trabajo que han desarrollado en los últimos años.

Preguntarle también  su opinión acerca de esta Ley del Mando Policiaco, si es necesario que se apruebe  de manera conjunta y si esta ley les permitiría a ellos salir de las calles, si lo plantearon de alguna manera. Gracias diputado.

JRH: Lo primero es reiterar. No se va a condicionar la aprobación de una ley por otra.

Cada una tiene su autonomía y cada una tiene su finalidad. Lo ideal es que lo hagamos casi simultáneamente para que también la autoridad civil tenga sus metas en el tema de seguridad.

Y compartimos un diagnóstico, sin duda, con ambos secretarios, en 10 años de combate al crimen organizado, no ha habido avance institucional en los municipios y en los estados de México.

Son excepciones, son casos aislados las corporaciones  municipales y estatales que han logrado la profesionalización, ese es un reclamo que hacen sentidamente porque son 10 años en los que ponen los muertos, ponen los detenidos, ponen las confiscaciones, ponen el riesgo, ponen el  prestigio de la Secretaría y no ven una reciprocidad de las autoridades locales y también en esa parte hay plena coincidencia.

Por eso, es que sostengo que urge también la reforma del Mando Mixto, la reforma constitucional para obligar, ya no dejar en manos de la voluntad política de los gobernantes, sino obligar al gobernador, obligar al alcalde, obligar al Presidente de la República a dar  resultados y si no que exista el capítulo de sanciones administrativas, penales y políticas, que es lo que la sociedad está reclamando en las calles.

Tenemos que institucionalizar esas obligaciones para que no estemos a la buena voluntad de los gobernantes.

P.- Buenas tardes Diputado, para hacerle una pregunta consensuada con Sarita, si los Secretarios de Marina y la Defensa hablaron sobre los riesgos de que no haya una Ley de Seguridad ahora que ya sabemos que están planteando con urgencia.

La siguiente es, ¿plantearon cuántos militares y marinos enfrentan procesos penales por actuar sin este marco legal? Y una precisión, ellos hablaron de riesgos de militarización o rechazaron una militarización y la postura en torno a los derechos humanos, gracias.

JRH: Coincidimos en que al país le urge crear el marco normativo que le permita a nuestras Fuerzas Armadas intervenir para poder tranquilizar los municipios y los estados del país.

La urgencia estriba en eso y, por otra parte, los riesgos de que no haya es que sucede lo que está sucediendo actualmente.

Ningún presidente municipal que estuvo en Tamaulipas de 8 años de ocupación militar logró generar un mínimo compromiso de mejoría  en las policías  locales, en las policías estatales.

En Michoacán lo mismo, hay varios estados del país en donde no hay corresponsabilidad y mientras no reformemos la ley, no queda delimitada la responsabilidad para que los militares digan lo que nos corresponde, ya lo pusimos.

Lo que hace falta es responsabilidad de la autoridad civil, esos  son los riesgos, de que tendríamos todavía desvincular a las Fuerzas Armadas con las fuerzas civiles.

Y, por otra parte, es muy importante despejar del debate el tema de los derechos humanos.

Hoy en el estado actual de cosas hay más riesgos y más  dudas en relación a los derechos humanos, que con la entrada en vigor de la reforma, porque aquí ya estableceríamos el protocolo, estableceríamos la declaratoria en donde no dejaría lugar a dudas de qué es lo que pueden y qué no pueden hacer las fuerzas federales.

Y por otra parte, en los últimos cuatro años, ha disminuido el 68 por ciento las quejas  en la Comisión Nacional de Derechos Humanos con relación a las Fuerzas Armadas.

Ha habido una disminución casi del 70 por ciento, es decir, ha estado la Secretaría de la Defensa haciendo grandes esfuerzos para que no se refleje la  inconformidad ciudadana en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y esta disminución sí es significativa y sí es importante  y esta legislación también nos va a ayudar a poner en su lugar esa preocupación que compartimos todos.

Muchas gracias.

--ooOOoo--

ATM