Ciudad de México, 13 de octubre de 2016

• Propone Dip. Karla Osuna programas en materia de prevención del suicidio
• Los ciudadanos tienen derecho a conocer su expediente clínico: Dip. Octavio Íñiguez

La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud en materia de prevención del suicidio, ya que se ha convertido en un problema de salud pública, al ser la segunda causa de muerte en el país en los jóvenes, explicó el diputado Octavio Íñiguez Mejía en tribuna de la Cámara de Diputados.

Al fundamentar el dictamen --surgido de una iniciativa de la diputada Karla Karina Osuna Carranco--, el legislador alertó que, de no poner atención a este problema, en el 2020 será la primera causa de muerte en la niñez mexicana.

Explicó que el gasto de salud mental en México es sólo del 2 por ciento del gasto total en salud “no podemos y no vamos a poder contener la prevención del suicidio si no nos ponemos a trabajar en políticas públicas de prevención, si no involucramos a los consejos municipales de salud para que tengan políticas públicas y acciones en prevención del suicidio, si no involucramos a los maestros, si no involucramos a los padres de familia”.

El también Presidente de la Comisión de Salud lamentó que para el 2013 se rebasaron la cantidad de 6 mil suicidios, “y lo más delicado de esto es que la mayoría de niños de 12 años fueron los que se ocasionaron el suicidio”.

En su oportunidad, la diputada Osuna Carranco, promovente de la reforma, estableció que el suicidio debe ser prevenido para cumplir con el derecho de salud que tienen todos los mexicanos, consagrado en el artículo 2º de la Ley General de Salud.

Para que las respuestas nacionales sean eficaces, agregó, se requiere de una estrategia de prevención del suicidio multisectorial e integral.

“Es por ello que para los diputados de Acción Nacional resulta urgente el desarrollo de políticas públicas para enfrentar este grave problema de salud pública en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes”, concluyó.

El dictamen, que adiciona la Fracción V Bis 1 al artículo 73 de la Ley General de Salud, fue aprobado por 377 votos y enviado a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Por otro lado, en la misma intervención se presentó otra modificación a la ley en comento para que los usuarios de salud o su representante legal --debidamente acreditado el tutor o quien ejerza la patria potestad-- tiene el derecho de acceso a la información contenida en su expediente clínico, no importa que sea en el ámbito público o privado, y en caso de pacientes que fallezcan, tendrán acceso únicamente las personas señaladas para ello.

“Los usuarios de los servicios de salud tienen que tener el derecho al acceso a la información, tienen que conocer su expediente y tienen que saber qué han hecho con su enfermedad y con la evolución de la enfermedad, así como el tratamiento”, explicó Íñiguez Mejía.

La Constitución Política de nuestro país, dijo, en el artículo 6, establece que toda persona tiene derecho de libre acceso a información plural y oportuna.

“Por tal situación, la Comisión de Salud decidió que votáramos a favor este dictamen porque estamos convencidos que la información de un expediente clínico puede fortalecer tanto a las instituciones como a los pacientes que acuden o deciden acudir de una institución pública a una privada o de una institución privada a una pública”, finalizó.

El dictamen, que adiciona un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos al artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud fue votado por 393 votos y turnado al Senado de la República.

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MRA