Ciudad de México, 18 de octubre de 2016
- La ley Federal de Derechos es un ordenamiento jurídico que refleja el dinamismo en las regulaciones y competencias del sector público, por lo que su actualización es de suma importancia: Dip. Gina Andrea Cruz Blackledge
- Las críticas condiciones económicas y sociales por las que atraviesa el país, obligan a buscar mecanismos para enmendar la página al Gobierno Federal: Dip. José Antonio Salas Valencia.
- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hizo una revisión exhaustiva y propuestas concretas porque hay dos prioridades dentro de nuestra agenda como son: el fomento al turismo y el fenómeno migratorio: Dip. Ernesto Ibarra Montoya
Con el voto favorable del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
En el dictamen propuesto, destaca lo siguiente:
- Llevar a cabo diversas adecuaciones a los cobros por la prestación de los servicios que proporcionan las distintas dependencias de la Administración Pública Federal en materias migratoria; de radio, televisión y cinematografía; consular; financiera; sanidad agropecuaria y acuícola; telecomunicaciones; de educación pública, y salud, entre otras.
- Conceder determinados beneficios a sectores vulnerables y brindar apoyo a los connacionales que se encuentren en el extranjero, al pretender otorgar exenciones relacionadas con el pago de derechos por la autorización para el acceso a la multiprogramación cuando se vincule a concesiones para e luso social comunitario o indígena, así como por el pago de derechos por la compulsa de documentos para la tramitación de credenciales para votar en el extranjero, y por otra parte otorgar una reducción de derechos del 50 por ciento, a aquellos mexicanos que deseen otorgar testamento público abierto en una oficina consular.
- Eliminar el derecho por la prestación del servicio consistente en la autorización o renovación para ser miembro del Programa Viajero Confiable.
- Cambiar la denominación de Sociedades de Inversión por Fondos de Inversión.
- Ubicar el derecho por concepto de expedición del certificado de sanidad acuícola de importación.
- Replantear la forma de cobro por la impartición de los recursos de capacitación para el trabajo industrial que imparte la Secretaría de Educación Pública.
- Sustituir el nombre de Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
- Estimar que el municipio de Puerto de Morelos, Quintana Roo, deba tener la misma zonificación que las del municipio Benito Juárez, para efectos del pago de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas marinas.
- Actualizar los montos y porcentajes en relación con la recaudación federal participable que se destinará al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.
Al hacer uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge indicó que, la Ley Federal de Derechos es un ordenamiento jurídico el cual refleja el dinamismo en las regulaciones y competencias del sector público.
Cruz Blackledge añadió que la actualización de dicha ley es de suma importancia, debido que refleja las cuotas por la prestación de servicios y por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Federación, debiendo estar en la constante revisión a fin de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos que demandan la revisión de bienes y servicios públicos de manera eficiente.
En su oportunidad el diputado José Antonio Salas Valencia al posicionar en nombre de Acción Nacional, refirió que las críticas condiciones económicas y sociales por las que atraviesa el país, obligan a buscar mecanismos para “enmendar la página al Gobierno Federal”.
“Coincidimos con la dictaminadora en su propuesta de eliminación del derecho por la autorización o en su caso renovación por ser miembro del programa Viajero Confiable, sin duda coincidimos con la llegada de nuestros paisanos al país que será mucho más rápida”, detalló.
Al hablar en pro del dictamen, el diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya resaltó que en la agenda del Grupo Parlamentario de Acción Nacional existen dos prioridades: el fomento al turismo y el fenómeno migratorio.
Por ello, en coincidencia con otras fuerza políticas, se revisó el artículo 8° de la ley y se optó por incrementar lo propuesto por el Ejecutivo Federal, sobre derecho por la obtención de la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas y pasó de 415 a 500 pesos.
Los ingresos obtenidos, agregó, se destinarán para la operatividad del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Turismo, para que ambas instancias implementen los programas y proyectos que consideren necesarios.
Aplaudió la decisión de eliminar el derecho por autorización o en caso de renovación a quienes sean miembros del Programa Viajero Confiable, porque facilitará la llegada de “nuestros paisanos”.
“Acción Nacional tiene la encomienda de impulsar y apoyar el turismo por la importante derrama económica y aportar a la economía nacional y en este sentido, votaremos a favor del dictamen que permita facilitar los mejores servicios migratorios de los turistas que internan a nuestro país”, concluyó el legislador por Baja California Sur.
El dictamen fue probado en lo general con 371 votos a favor y fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
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AVC