Ciudad de México, 24 de noviembre de 2016

• El campo demanda un marco legal que dé a los mexicanos de este sector garantías de seguridad jurídica: Dip. Carlos Bello

Para que haya una efectiva seguridad en la tenencia de la tierra, la Cámara de Diputados, aprobó con el voto favorable del Partido Acción Nacional, un dictamen de la Comisión de Reforma Agraria para reconocer los derechos que tienen los posesionarios de la tierra.

Los posesionarios, explicó el  diputado Carlos Bello Otero, en nombre del GPPAN, son un sector poco estudiado y atendido, dadas las contradicciones existentes en la normatividad agraria entre los ordenamientos de menor jerarquía y la propia Ley Agraria, por lo que urge regularizar jurídicamente estas deficiencias que limitan y restringen a este sector social tan importante, según datos del padrón total de sujetos agrarios del país.

El legislador agregó que el campo demanda no sólo una reactivación en el tema económico sino también un marco legal que dé a los mexicanos de este sector las garantías de seguridad jurídica ante los reclamos y controversias en los ejidos y propiedades comunales, ya que la dilación o errores en los procedimientos conllevan una baja en la productividad afectando las siembras y las cosechas.

“En Acción Nacional entendemos que la impartición y procuración de justicia es fundamental para todas las actividades económicas en nuestro país y sabemos que el campo no debe, por ningún modo, quedar fuera de este marco regulatorio”, expresó.

Por lo anterior, puntualizó, con la reforma propuesta se señalará de manera clara y precisa a los posesionarios en el artículo 135 de la Ley Agraria para que éstos sean reconocidos dentro de las obligaciones que marca la Procuraduría Agraria de defender los derechos de los posesionarios y sus sucesores.

Además, es pertinente mencionar que, de acuerdo con el Sistema Integral de Modernización Catastral y Regional de nuestro Registro Agrario Nacional, en el país hasta el mes de diciembre de 2015, solo existen 6 mil 999 personas que han sido reconocidas como posesionarios de tierras ejidales y que cuentan con certificados parcelarios vigentes.

Esta cifra sólo equivale al 15.3 por ciento de la población total de ejidos y comunidades del país, “este dato alarmante nos alerta sobre la necesidad de fortalecer al campo mexicano mediante la extensión del derecho de asesoría y representación por parte de la Procuraduría Agraria”, explicó el legislador mexiquense.

Para su estudio, el dictamen que reforma el artículo 135 de la Ley Agraria fue turnado a la Cámara de Senadores.

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MRA