Ciudad de México, 11 de febrero de 2017

• Dar marcha atrás a los derechos de las audiencias, no solo condenaría al Instituto al descredito, sino que vulneraría precisamente el derecho de la sociedad a estar informada objetivamente, sin manipulación: Eloísa Talavera Hernández

En México, como sucede en muchos países democráticos del mundo, la sociedad tiene el derecho a que quien ostenta una concesión de radio o televisión diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta y a que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa, advirtió la vicecoordinadora de proceso legislativo de su bancada en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández.

Refirió que de no hacerlo así, en el país se continuaría manipulando lo que las audiencias ven a través de la televisión y escuchan a través de la radio, en donde la línea entre información noticiosa y opinión de quien la presenta, no queda definida por reglamentación.

Talavera Hernández, integrante de la comisión de Comunicaciones, agregó que cuando el Ejecutivo Federal presentó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la iniciativa no contemplaba los derechos de las audiencias y el hecho de que éstos hayan quedado plasmados en la versión final del artículo sexto constitucional constituye un logro sustancial para la sociedad.

En este tema, explicó, hay dos vertientes fundamentales, la primera es la defensa de los intereses de los mexicanos, evitando a través de reglamentación bien establecida, que su derecho a la información objetiva y verás sea vulnerado y por otro lado, debemos evitar a como de lugar, que intereses políticos y económicos condenen al Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT al descrédito, a la opacidad y a la neutralización de lo más importante que sustenta a la institución, que es su autonomía.

Recordó que Presidencia de la República y el Senado de la República presentaron por separado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) controversias constitucionales que cuestionan los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias emitidos por el (IFT).

Agregó que el Ejecutivo Federal presentó la controversia constitucional en contra de ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y solicitó la invalidez de los Lineamientos porque “contienen un vicio de origen, ya que se basan en leyes que se consideran inconstitucionales”.

“Cito a Irene Levy, presidenta de Observatel cuando indica que lo contenido en los lineamientos no va más allá de lo que se incluyó en la reforma en telecomunicaciones, en la propia Constitución en 2013 y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014; nada en los lineamientos es nuevo; ahí solo se establecen los cómos, es más, se ordena al IFT a expedir los lineamientos, no fue una ocurrencia” dijo.

Si México pretende transitar hacia una verdadera democracia participativa, es necesario que se le otorguen a los mexicanos todas las herramientas posibles para consolidar criterios certeros sobre su entorno, ahí debemos de defender el derecho de las audiencias a recibir información sin manipulación y tenemos que hacerlo de manera transparente, albergando únicamente en nuestras decisiones, la esencia de la transparencia y la objetividad, puntualizó.

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YMJ