Ciudad de México, 11 de julio de 2017

La legislación internacional establece que las víctimas de cualquier delito deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad, de sus derechos humanos, y deben de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico, psicológico y su intimidad, así como las de sus familias. El estado debe velar porque, en su legislación disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especiales para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma.

Por esto, es importante la reforma que planteó el Diputado Carlos Bello Otero, que consiste en modificar el artículo 22 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; la cual busca la coordinación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia con la Procuraduría General de la República, para garantizar a las personas adultas mayores víctimas de cualquier delito su atención psicológica gratuita.

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