La ilegalidad jamás será justificable, pero cuando, a consecuencia de ésta, hay pérdida de vidas humanas, es reprobable y se debe exigir justicia.

El más claro, notable y lamentable ejemplo lo vimos apenas hace unos días: el derrumbe en la obra del centro comercial Plaza Olivar, en Avenida Toluca 481, en la delegación Álvaro Obregón, en donde perdieron la vida siete personas.

La suma de errores técnicos, pues se presume una falla estructural, como la ilegalidad y tolerancia de las autoridades delegacionales, derivó en un trágico accidente que cobró vidas y en donde aún no hay responsables.

Sin embargo, recapitulando la historia de este inmueble, las alertas rojas ya estaban encendidas. Ya se había advertido del peligro, sin embargo, las autoridades prefirieron omitir, de manera dolosa o culposa, la ilegalidad.

Desde el año 2015 vecinos de la zona habían manifestado su preocupación por la obra. Solicitaban que se revisara la construcción, que se entregaran los estudios de factibilidad hidráulica, así como del uso de suelo.

Se habían logrado mesas de trabajo en donde participaron la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y el Instituto de Verificación Administrativa, sin embargo, de nada sirvieron.

No fue hasta un año después que la obra fue clausurada por la propia autoridad delegacional de Álvaro Obregón. El proyecto excedía por tres pisos el nivel máximo de construcción, además, les había sido impuesta una multa, pues no contaban con autorización en Materia de Impacto Ambiental. La advertencia de los vecinos resultaba cierta.

Sin embargo, a un par de meses de la clausura, ésta fue levantada sin razón ni motivo aparente, lo cual, al día de hoy, no ha podido ser explicado, y ahora forma parte de la carpeta de investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Las hipótesis del lamentable hecho ya corren: violación a los permisos, fallas estructurales, error humano de los encargados de la obra. Líneas más, líneas menos. Lo único cierto es la pérdida de vidas humanas y alguien debe ser responsable de esto. No se puede omitir y el castigo no puede ser menor. Alguien es responsable.

Hoy, con siete personas muertas y otras más heridas de gravedad, el expediente sigue abierto y las preguntas también. ¿Por qué se levantó la clausura delegacional de 2015 si la violación era evidente y comprobable? ¿Quién (con nombre y apellido) autorizó que se quitara esa clausura?

Resarcir el daño va más allá de una indemnización a las familias de quienes perdieron la vida o resultaron heridos. Si en verdad se quiere mitigar el dolor, se debe llegar al fondo. Señalar al o los culpables. Indicar quién omitió la ley y levantó la clausura. A la constructora si se trató de un error humano por falta de pericia en una obra como ésta.

Hay que esperar el resultado de los peritajes, pero, sin lugar a dudas, hay responsabilidad de las autoridades delegacionales y de la constructora. Sólo espero que esta verdad sea plasmada en la investigación y se castigue ejemplarmente a los responsables.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/2017/04/16/1157957