Ciudad de México, 17 de marzo de 2016


DIPUTADA KATIA BERENICE BURGUETE ZÚÑIGA (KBBZ): Con la venia de la Presidencia.

Compañeras y compañeros diputados:

La atención y el reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores, debe ser una tarea sistemática por parte del Gobierno y de la sociedad.

El día de hoy acudo a la máxima tribuna de la nación, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto, reformar el artículo 73 y 4° de nuestra Constitución, para que en ella se establezca la obligación del Estado para garantizar los derechos de los adultos mayores.

A los legisladores del PAN nos parece de elemental justicia, que la atención a este importante sector de la población no sea de manera excepcional o que sea una tarea que solo corresponda a las asociaciones civiles y a grupos filantrópicos. Esto es tarea de todos.

Contextualizando algunos datos, de acuerdo con el Informe del Día Internacional de las Personas de Edad, emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2014, la cantidad de personas de 60 años y más, es de 11 millones, lo que representas  a 9.7 por ciento de la población total.

De acuerdo con esta cifra, en comparación a años anteriores, en 1990 existían solo 5 millones de adultos mayores. De las personas de 60 años y más, se estima que en el 2014, el 31.5 por ciento están en etapa de prevejez comprendida entre los 60 y 64 años; el 41.1 por ciento, se encuentra en vejez funcional, que son de los 75 a los 74 años; el 12.3 por ciento, se encuentra en una vez plena, de 75 a 79 años y el 15. 1 por ciento, en vejez avanzada.

Esta información del Inegi,  muestra que en el 2014, la base piramidal de la sociedad mexicana está más angosta que en 1990, debido a que la proporción de niños y jóvenes es menor, y la participación relativa de los adultos mayores va en aumento de 6.2 al 9.7 por ciento.

Según las proyecciones de la población estimada por el Consejo Nacional de Población para 2025 y 2050, el monto de adultos mayores aumentará del 17.2 a 32.4 millones, respectivamente.

Sin duda, esta situación presenta un gran desafío para el Gobierno y para la sociedad mexicana.

Desafortunadamente, la discriminación por motivos de edad, persiste en todos los ámbitos, incluso, al interior de las familias, lo que deriva a una marginación de las personas adultas mayores, en diferentes ámbitos.

Esta situación, ha ocasionado la desintegración social  y  barreras, que han dificultado el acceso a una mejor condición de vida.

Esta discriminación se refleja en el ámbito laboral y también, en los accesos a una seguridad social.

Se debe tener presentes que las y los adultos mayores, tienen los mismo  derechos que todas las personas en México; sin embargo, la realidad indica que los derechos de las personas adultas mayores, en su mayoría, son invisibles en la práctica.

De ahí la importancia y el enfoque de los derechos y que, estos derechos sean plasmados desde la Constitución.

De ahí, que por ello, la norma suprema se debe reflejar que los adultos mayores son titulares de derecho y no solo nada más personas de un sector que necesita ser atendidas.

En este sentido, es que la presente iniciativa propone incorporar en el texto constitucional  la obligación del Estado  de garantizar plenamente de los derechos de las personas adultas mayores, también propone otorgar al Congreso de la Unión, la facultad de expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de derechos de las personas adultas mayores.

De esta manera, se busca que en el marco jurídico, las políticas públicas, la institucionalidad y los actos de las autoridades correspondientes, sean compatibles con estos derechos.

Compañeras y compañeros:

Es tarea de todos, de las instituciones del Estado, proteger a quienes nos cuidaron de niños,  a quienes nos atendieron y que merecen vivir, el último tramo de su vida, de una forma digna y decorosa.

Nosotros nos debemos a ellos, a nuestros abuelos y nuestros padres. Y es nuestro deber y no podemos fallarles.

Es cuanto, señor Presidente.

•       Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales

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