Ciudad de México, 13 de diciembre de 2016

Con la finalidad de imponer una pena de dos a 18 años de prisión y el equivalente de tres mil a seis mil días de multa a quien ilícitamente capture, dañe, destruya, trafique o comercialice diversas especies de flora o fauna silvestre, terrestres o acuáticas, la Cámara de Diputados con el voto favorable del PAN, aprobó el dictamen que reforma los artículos 420 y 422 del Código Penal Federal.

El presente dictamen destaca que la pena mínima de presión se aumentará en dos años cuando se trate de la comisión dolosa de los delitos de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga o realice cualquier actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas en cantidades anuales, iguales o superiores a las diez toneladas en peso bruto total.

Además de que el incremento de la pena será aplicable para el caso de delitos como:

• La remoción de vegetación en superficies superiores a mil metros cuadrados
• El corte, arranque, derribe o tala de algún o algunos árboles cuando se trate de asociación delictuosa y el volumen del derribo, de la extracción o de la tala exceda de dos metros cúbicos de madera
• El transporte, comercio, acopio, almacenamiento o transformación de madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable cuando se transporten recursos forestales en cantidades superiores a 15 metros cúbicos o su equivalente
• Daño o relleno de humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos cuando se trate de superficies a mil metros cuadrados
• Daño a arrecifes superior a 200 metros cuadrados.

Al hacer uso de la palabra en nombre de Acción Nacional, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia indicó que, desde el punto de vista de la criminología se sabe que el incremento en las sanciones penales no tiene el efecto disuasivo en la criminalidad, pero lo que sí genera es un eficaz desarrollo en las tareas de prevención e investigación del delito que aminoren los preocupantes niveles de impunidad.

“Se trata de proteger a cualquier costo la biodiversidad y con ella la sustentabilidad y el medio ambiente”,  externó.

Para finalizar, la legisladora blanquiazul consideró oportuna y correcta la conformación de las agravantes planteadas en la discusión.

El dictamen fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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AVC