Ciudad de México, 24 de noviembre de 2017

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO JUAN CORRAL MIER,  DURANTE LA TERCERA RONDA DE PREGUNTAS EN LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA  DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, ROSARIO ROBLES BERLANGA, EN EL MARCO DE LA GLOSA DEL QUINTO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ANTE COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE REFORMA AGRARIA Y, DE DESARROLLO METROPOLITANO, EN EL SALÓN PROTOCOLO DEL EDIFICIO C

DIPUTADO JUAN CORRAL MIER (JCM): Secretaria Rosario Robles Berlanga sea usted bienvenida a esta Honorable Cámara de Diputados junto con todos los funcionarios que integran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Los sismos de septiembre nos reflejan que el actual modelo de construcción vertical y el incrementar la densidad de las edificaciones cuando no se cumple la normatividad y existe corrupción inmobiliaria en el nivel local, resultan en un mayor riesgo para la población, por lo que nos gustaría ahondara sobre los criterios que refiere el Quinto Informe de Gobierno del presidente Peña en su página 247, cuando alude a la importancia de la política Nacional de Vivienda. Se habla en ello de la vivienda sustentable y de calidad, por encima de la cantidad de viviendas con criterios claros para su construcción y ubicación, con el fin de optimizar el uso pleno de la infraestructura y del suelo intraurbano.

Señora Secretaria, nos puede ampliar ¿cuáles son estos criterios para la construcción y ubicación?, ¿en qué instrumento normativo están asentados?, ¿a quién compete cumplirlos?, ¿cómo podremos asegurarnos de que esta normatividad no sea cómplice de la especulación de los constructores, así como de la oferta y la demanda?

Los sismos ocurridos en el mes de septiembre y con base en las atribuciones que tiene la Secretaría a su cargo y el mandato de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le solicito nos responda  ¿cuáles instrumentos ha promovido la Sedatu en coordinación con la Secretaría de Gobernación para identificar las zonas de alto riesgo ante los fenómenos perturbadores de origen natural y antropogénicos y cuáles pueden promover ante los sismos ocurridos?

¿Cómo piensa que estos instrumentos pueden contribuir a disminuir los riesgos cuando su alcance es muy limitado? Por ejemplo, muchos municipios no cuentan con Atlas de Riesgos y el apoyo para su elaboración es marginal por parte de la Sedatu.

¿Cuáles normas lineamientos, manuales y guías ha promovido y promoverá la Sedatu para fortalecer los procesos de resiliencia urbana y metropolitana y que permitan la identificación de riesgos y recursos para la recuperación de contingencias catastróficas?

Informan que en el 2016 elaboraron la Guía de Resiliencia Urbana en conjunto con la Secretaría de Gobernación, la propia Sedatu y la ONU Hábitat  y que se implementó la red de ciudades resilientes conformada por 16 zonas urbanas, ¿nos podría platicar sobre los avances en la implementación de esta red? Porque la Guía de Resiliencia Urbana solo sirve como metodología para obtener el perfil de resiliencia urbana de cada ciudad.

Le comento –aunque ya ampliamente lo expresó— que también en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos preocupa ¿cómo se dará transparencia a las tarjetas electrónicas entregadas por Sedatu para apoyar la reconstrucción de las viviendas que resultaron afectadas en Oaxaca y Chiapas, así como de los apoyos de reconstrucción de vivienda que se den en las demás entidades federativas que padecieron los sismos de septiembre? Lo anterior derivado de la clonación de las tarjetas de Bansefi, los aparentes errores en el levantamiento de los padrones de beneficiarios, así como el uso electoral de estos apoyos, ya que la reconstrucción de las casas se llevará a cabo durante varios meses y seguramente, abarcará el periodo de las campañas políticas del próximo año.

Por último Secretaria, y abusando de su gentileza –debido al formato de su comparecencia no fue posible que intervinieran más diputados y el diputado compañero mío, Francisco Gutiérrez de Velasco, me hace una pregunta que considero importante—, derivado de todos los acontecimientos que ocurrieron en septiembre, tormentas tropicales, huracanes, sismos --en su amplia experiencia--,  ¿qué hacer ante estos eventos que no contábamos con ellos?, ¿qué le quitamos?, ¿qué le ponemos?, ¿qué programas reforzamos?, ¿qué programas –a su consideración— están con un presupuesto mayor al que debieran?

Muchas gracias por su atención y sus respuestas, Secretaria.

RESPUESTA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, ROSARIO ROBLES BERLANGA (RRB): Muchas gracias, Diputado.

Quisiera en la primera parte que tiene que ver con nuestras red de ciudades resilientes, primero, el concepto de resiliencia por primera vez se incorpora en nuestro país, no sólo en términos de discurso sino ya como un instrumento de carácter legal.

Yo creo que esto es algo muy importante porque es en el mundo que empieza a plantearse el tema de la resiliencia, ¿qué significa? Pues no solamente reponer una situación como estaba sino mejorarla.

De hecho, surgen más de la resiliencia humana, de la capacidad que tenemos como seres humanos de reponernos frente a una circunstancia, pero mejorar frente a la circunstancia y la hemos ido ampliando el concepto y pensando ahora en el tema urbano como un tema fundamental y por eso hablamos que dentro de los objetivos del desarrollo sostenible: ciudades resilientes.

Volvemos a lo mismo, pueden establecerse lineamientos nacionales pero la capacidad ejecutoria de esto la tienen los municipios o los gobiernos a nivel estatal o municipal.

¿Qué hacemos nosotros? Hicimos una red de ciudades resilientes --que vuelvo a lo mismo— son ejemplos que queremos dejar por lo menos ejemplo de lo que debe ser una ciudad resiliente, qué criterios debe de cumplir, qué palomita le tenemos que poner en cada uno de estos criterios para decir: califica como una ciudad resiliente.

Entonces, una parte de los recursos destinados precisamente a esta red que significa detectar zonas de riesgo, corregir estas situaciones de riesgo, tener los planes, el que tengan su Atlas de Riesgo, porque tenemos que dejar –insisto—de construir riesgos y empezar a construir estas ciudades seguras, en este sentido resilientes, y para eso se requiere autoridad.

Yo creo que parte de lo que nos falta en una visión de Estado es ejercer la autoridad, que no nos dé miedo --como siempre-- ¿y ahora nos va a dar más miedo?, pues si no estamos en condición de ser reelectos porque no es fácil ejercer la autoridad y a veces también lo reconozco, no se puede.

Un municipio de repente tiene una invasión --pongo Los Cabos-- que a lo largo del cauce del río viven miles de personas y son miles de viviendas, pues desalojar una invasión que además lleva años, ese asentamiento humano pues es prácticamente imposible, pero tampoco lo podemos regularizar porque está en el cauce del río y porque mañana llega el río y se lleva, mañana o dentro de 100 años, pero va a pasar.

Entonces el problema es más de prevención en este enfoque de ciudades pequeñas, medianas, de cómo ellas no  cometen esos errores y cómo la autoridad actúa desde un principio, porque para eso son electas las autoridades, para ejercer de una manera firme la ley para poner orden.

Yo creo que la gente  lo que quiere es orden y cómo también trabajar en los Atlas de Riesgos, cómo proporcionar la información.

Tenemos hoy una gran ventaja, que toda esta información, sobre todo, las partidas y las plataformas que hemos logrado crear con INEGI, es una información que  a lo mejor no tenemos quien envíe directamente a territorio y mucho más fácil tenerla si utilizamos estos instrumentos digitales que nos proporcionan pues ya por lo menos los lugares donde no debemos de construir, lugares donde no se pueden actualizar edificios de 10 pisos y que somos partidarios de la redensificación, porque no pueden seguir nuestras ciudades creciendo horizontalmente y cada vez más alejadas a los núcleos urbanos, de los servicios, de los centros de la ciudades, etcétera, pero esta redensificación tiene que ser  también partiendo de las condiciones de estas zonas, sus características naturales, en fin.

Entonces, todo esto forma parte de lo que nosotros estamos trabajando en la visión de la guía de la resiliencia, del capítulo de resiliencia, de la ley, de las redes de ciudades resilientes y, desde luego, de acompañar a los municipios con reglamentos de  construcción, normas técnicas, que atiendan a la  especificidad.

Cenapred tiene muchos en la materia, ni siquiera es  inventar el hilo negro, el asunto es que la autoridad aplique esa normatividad.

Lo que vimos en la Ciudad de México, que vuelvo a insistir, es menos del 1 por ciento, yo creo que sí hay que reconocer  que se ha actuado con base en reglamentos, que a partir del 85 fueron aplicados y la autoridad, tanto a nivel de las delegaciones, como  a nivel del gobierno central han aplicado estos reglamentos y un daño que pudo haber sido mayor, no lo fue gracias a esto.

En donde se cayeron los edificios por cuestión de corrupción, tienen que ser las autoridades locales las que intervengan, nosotros no tenemos esa competencia y las denuncias entiendo que están en las procuradurías locales para actuar en concordancia, porque si se hace un desarrollo inmobiliario, si se hace un edificio, la Sedatu no es la que da el permiso.

Nosotros podemos y estamos orientando en cuanto a estos planes de dónde debe ser y de dónde no, pero al final de cuentas, la responsabilidad es de la autoridad competente y tiene que actuarse en función de estas responsabilidades.

Hay mucho que trabajar y yo pienso que darle mayor competencia al ordenamiento nacional sin quitarle competencias al ámbito municipal, conciliando nuestra visión federalista pero sí con políticas nacionales que sean obligatorias y que impidan que tengamos este tipo de consecuencias, de desastres naturales en un país que está sometido constantemente a ellos, no sólo por el cambio climático sino por nuestra ubicación geográfica.

Tenemos costas que se nos inundan, tenemos frentes fríos que llegan por el otro lado, tenemos sequías, tenemos zonas sísmicas, tenemos volcanes, estamos sometidos permanentemente a un riesgo de esta naturaleza y como país cada vez tenemos que prepararnos más para hacerle frente a estos riesgos y tiene que ser a nivel de los tres órdenes de Gobierno, para poder tener esta capacidad.

En cuanto a lo de la reconstrucción, vuelvo a insistir, Sedatu no entrega las tarjetas, las entrega Bansefi. Nosotros no entregamos las tarjetas, nosotros acompañamos el proceso –porque además se firma una responsiva de que la gente se hace responsable y asume el compromiso de que ese recurso va a ser orientado a la reconstrucción de su casa— pero nosotros no entregamos las tarjetas, las tarjetas se le entregan a las personas que están en el censo, el censo se hizo con las autoridades estatales y municipales y entonces no hay manera de que se lucre políticamente con eso, no hay forma porque el censo se levantó y del censo se deriva la entrega de las tarjetas.

La instrucción del presidente Peña es que estas tarjetas se entreguen todas antes del 15 de diciembre, obviamente la construcción de las casas tendrá que irse durante el proceso electoral y no le podemos decir a la gente: “deja de construir tu casa porque están las elecciones, sigue viviendo en el albergue de la esquina”.

Pero ya la competencia de construir la casa es de la gente, ya no hay una autoridad que esté interviniendo en este proceso y que le esté condicionando nada porque las tarjetas ya habrán sido entregadas con todos los recursos, esto ha sido una preocupación del Presidente para evitar que se nos traslape con el proceso electoral, que ya inició, pero propiamente las campañas electorales que habrá el año que viene.

Gracias, Diputado.

COMENTARIO DEL DIPUTADO JUAN CORRAL MIER (JCM): Secretaria, agradezco todas las respuestas que ha dado en esta comparecencia.

Sin duda este ejercicio de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo nos hará a nosotros poder tener un mejor marco jurídico que beneficie a la gente más necesitada, en situación vulnerable de este país.

Los sismos ocurridos en nuestro país nos confirman la necesidad de garantizar que exista una verdadera concurrencia entre los tres ámbitos de Gobierno: el Federal, el estatal y el municipal en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano para contar con instrumentos normativos de planeación y gestión que contribuyan a lograr ciudades más seguras, sustentables y resilientes.

Estaremos atentos al cumplimiento de los diversos instrumentos que mandata la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, por cierto, votada en este Congreso. Hace un año, el 12 de octubre en la Cámara de Diputados votamos esta ley que, sin duda, es un instrumento valioso para este país.

Respecto al tema de vivienda, nos preocupa que el Infonavit mantenga altas tasas de interés, incluso por arriba de los bancos privados.

El Infonavit debe refrendar la orientación y compromiso social con el que nació y otorgar créditos accesibles con garantías de habitabilidad, seguridad y calidad para atender de forma prioritaria a los derechohabientes de menores ingresos.

Por otro lado, deben revisarse las condiciones de financiamiento de la Banca de Desarrollo, en particular del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, el cual presentó irregularidades, de acuerdo al dictamen de la Auditoría Superior de la Federación y  no está atendiendo a personas en situación de pobreza y alta marginalidad que realmente necesitan los subsidios.

La falta de transparencia, consideramos, y que también la falta de rendición de cuentas de los recursos y acciones públicas, muestran una falta de compromiso con las necesidades y expectativas de las y los mexicanos. Millones de éstos que deberían haber superado la situación de pobreza multidimensional o al menos superar alguna carencia tan importante como es la alimentaria o la patrimonial, no lo logren porque existen servidores públicos corruptos que lucran con los apoyos y subsidios dirigidos a quienes viven en mayor rezago social.

De ahí la gran preocupación por el uso de los recursos dirigidos a la reconstrucción de viviendas, de hospitales y de escuelas públicas.

No somos los partidos políticos de oposición quienes lo decimos, existe un gran clamor social que exige que nuestros servidores públicos actúen con responsabilidad y honestidad, que hagan de su labor cotidiana la diferencia para generar oportunidades efectivas de desarrollo personal, familiar y comunitario.

Es cuanto y muchas gracias.

--ooOOoo--

MRA