Ciudad de México, 8 de diciembre de 2016

Con el propósito de encaminar a la Nación a la correcta rendición de cuentas que permita la revisión del ejercicio de los recursos públicos, la inhibición de conductas ilícitas de contralores internos, denominados órganos internos de control de las dependencias que conforman la administración  pública federal, la Cámara de Diputados realizó varias reformas legales. 

Dentro de lo propuesto destaca lo siguiente:

• Unificación de la denominación de -la contraloría o contralor general- por la de -titulares de los Órganos Internos de Control
• Adecuación de las responsabilidades administrativas en que pueden incurrir los titulares de los Órganos Internos de Control, a las disposiciones de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, diferenciando las responsabilidades graves de las no graves

Al hacer uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el diputado Jorge Triana Tena indicó que este cambio implica una correcta rendición de cuentas que permita la revisión del ejercicio de los recursos públicos, la inhibición de conductas ilícitas en el sector público derive en sanciones ejemplares a quienes de forma incorrecta han lucrado ilícitamente con el ejercicio público.

“Las propuestas contenidas en el presente dictamen tienen la intención la de reglamentar y regular en las leyes primarias las disposiciones que en relación a la fiscalización superior se contienen en la reforma constitucional en materia de designación de los titulares de órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del año 2015” detalló.

Triana Tena destacó que dicha reforma es relevante para la sociedad mexicana, ya que demanda transparencia y probidad en el ejercicio de los recursos a fin de dar cumplimiento puntual a sus contenidos para así colmar con una alta expectativa social y que el marco legal se adapte a los nuevos tiempos y exigencias en el combate a la corrupción y el escrutinio público.

El legislador panista destacó que al aprobar la propuesta legislativa se está dando un importante paso en esta permanente labor normativa ya que al mismo tiempo se consolidan los mecanismos de vigilancia del servicio público en los órganos internos de control, con la posibilidad de contar con los perfiles idóneos, conocedores del marco normativo aplicable y cuya labor de vigilancia será determinante en la construcción de credibilidad, de cumplimiento a la ley y de castigo a funcionarios corruptos, atendiendo una enorme exigencia social.

Al hacer uso de la palabra para dar el posicionamiento en nombre de Acción Nacional, el diputado Luis Gilberto Marrón Agustín preciso que la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción representó un gran avance en la erradicación del mal que aqueja cada vez más a la sociedad.

“Acción Nacional se manifestó por esta necesidad con la presentación de una iniciativa en la cual se proponía expedir la Ley de Designaciones de la Cámara de Diputados en la cual se establecieran los procedimientos a seguir para la designación de los contralores de todos los órganos autónomos que no tuvieren uno designado, aplicándoles los mismos requisitos y las mismas reglas para su  elección”, finalizó.

Al final de la discusión, la Cámara de Diputados  aprobó, con el voto favorable del PAN, el dictamen que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

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AVC