Ciudad de México,  2 de febrero de 2017

• Presenta iniciativa que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

A fin de agilizar y simplificar los trámites cuando se solicite la reposición de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), la diputada Marisol Vargas Bárcena presentó iniciativa para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En la Sesión Ordinaria señaló que con las modificaciones propuestas, tanto la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores como la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, tendrán que ajustar sus lineamientos y procedimientos para la solicitud y trámite del plástico, utilizando  los avances tecnológicos y  la capacidad presupuestal de la autoridad electoral.

“La presente iniciativa tiene como objeto que el Instituto Nacional Electoral, a partir de la digitalización de la información y los documentos presentados por el ciudadano, en el supuesto de requerir la solicitud de reposición de la credencial para votar, que no implique una modificación de sus datos e información registrada, no sea necesario exhibir nuevamente diversa documentación”, señaló.

Vargas Bárcena señaló que uno de los instrumentos más importantes de la transición democrática ha sido la credencialización y hoy se requiere perfeccionar el proceso para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos y portar un documento de identificación oficial.

Refirió que en el 2012 se reportó que el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) tenía más de 74 millones de registros dactilares y 92.2 millones de imágenes faciales con posibilidad de compararlas biométricamente.

Además, cada año se producen 12 millones de credenciales de elector, lo que representa una actualización anual del 15 por ciento de la lista nominal; mientras que el porcentaje de ciudadanos empadronados superó el 97 por ciento, es decir, se estima que 94 por ciento de los ciudadanos cuenta con credencial de elector para votar.

“La doble utilidad que le da el ciudadano y el reconocimiento que le otorgan instituciones, tanto privadas como públicas, es un incentivo para simplificar los trámites para su expedición y reposición, considerando las posibilidades técnicas de la digitalización de los documentos que presentan los ciudadanos ante la autoridad electoral”, señaló.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su dictamen.

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ATM