Ciudad de México, 09 de febrero de 2017

• Necesario combatir la corrupción de las autoridades en todos los niveles, sostuvo

El diputado de Acción Nacional, Jorge Ramos Hernández, presentó iniciativa que reforma los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es regular el control interno de las instituciones de seguridad pública, así como crear una unidad especializada para investigar a servidores públicos que participen como integrantes de organizaciones criminales.

“Estoy planteando una reforma de carácter constitucional para que los órganos de vigilancia de los cuerpos de seguridad en este país, es decir, las contralorías, las visitadurías (en los casos de los ministerios públicos) y también los asuntos internos, (en los casos de las policías municipales), sean organismos autónomos, que no los nombre el titular al cual se va a revisar y eventualmente se va a denunciar, ya sea administrativa o penalmente”, explicó durante la Sesión Ordinaria.

Además, propuso que en la Procuraduría General de la República exista un funcionario responsable por atender --ya sea por vía de denuncia o de manera oficiosa-- el perseguir a los servidores públicos que estén vinculados con el crimen organizado y con los delincuentes que tienen volteada la tranquilidad del país.

El también Presidente de la Comisión de Seguridad Pública aseguró que, aunque la Cámara de Diputados ha presentado varias reformas en materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también en materia del Sistema Nacional Anticorrupción; en ninguno de esos ordenamientos ha ido a la raíz y fondo del problema de inseguridad en México.

“Y el fondo y la raíz de inseguridad en este país es el involucramiento, la complicidad de las autoridades policíacas, prácticamente de todos los niveles de Gobierno y también hay que decirlo, también de autoridades electas prácticamente de todos los niveles de Gobierno”, lamentó.

Instó al Congreso de la Unión a atender esta iniciativa con un sentido de Estado, ya que, sostuvo, no es una propuesta partidista sino parte de la realidad y del origen de las propias comunidades que representan los legisladores.

“Mientras los alcaldes del país y los gobernadores sepan que pueden ser omisos, que pueden ser cómplices o que se pueden vender y no pasa nada, hagamos lo que hagamos este país no va a cambiar ¡y ya no estamos dispuestos a permitir que eso siga sucediendo!”, concluyó.

Para ser analizada, la iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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MRA