Después de cuatro años de inamovilidad en la tarifa del transporte público concesionado y permisionado en la Ciudad de México, a partir del jueves de la próxima semana habrá un incremento de un peso.

Un aumento que responde, de manera reactiva, no a una necesidad de modernización, sino a un paliativo que mitigue el duro golpe que representó el llamado gasolinazo a principios de año.

Los transportistas de la ciudad no tardaron en levantar la voz ante el incremento de 18 por ciento a los combustibles. Subía el precio de éste, pero no había ajuste a la tarifa. Ellos mismos tuvieron que subsidiar el gasto adicional en perjuicio de su economía, pero, sobre todo, contribuyendo al detrimento de un servicio ya de por sí muy deficiente.

La Federación, como consecuencia de una pésima administración del valor de los hidrocarburos, con gastos superfluos en una estructura burocrática inflada y un sindicato voraz en la estructura de Pemex, no fue capaz —o tal vez no quiso serlo— de prever la volatilidad y estabilidad del precio internacional de los combustibles, y en vez de promover ajustes graduales, su única respuesta fue un duro revés a la población nacional con un incremento brutal de la noche a la mañana.

Todo, resultado de una pésima implementación de una Reforma Energética defectuosa y desarticulada, durante la gestión de Emilio Lozoya, hoy acusado de recibir millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht como contraprestación por contratar sus servicios.

Al final, los verdaderos y únicos afectados son los ciudadanos, quienes pagarán más por un servicio que mantendrá sus innumerables deficiencias. Conductores poco capaces, agresivos y peligrosos. Unidades destartaladas que no están a la altura de las necesidades de los usuarios y de las condiciones de esta metrópoli.

El incremento a la tarifa del transporte público debiera responder a una estrategia articulada de modernización con unidades sustentables que reduzcan el impacto al medio ambiente. Mejora en el servicio. Profesionalización de los transportistas.

Pero nada de lo anterior ocurrirá. Continuaremos con un transporte público deficiente en servicio, calidad y atención. Será más caro a consecuencia del gasolinazo de Enrique Peña Nieto, y los usuarios no tendrán ningún beneficio adicional por pagar más.

Lo justo sería pagar por un servicio de calidad en donde el transporte fuera sustentable, el costo de los combustibles acorde a la situación nacional y profesionales que brindaran un servicio de primer mundo.

El gobierno federal no lo ve así. Para ellos es muy sencillo agredir al ciudadano y no pensar en las consecuencias. Por su culpa, hoy tendremos el mismo servicio mediocre, pero más caro.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/2017/04/23/1159272