Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2022

Con la suspensión de las normas que rigen la supervisión de la seguridad y calidad de los alimentos decretada por el Presidente López Obrador, habrá riesgo de que lleguen al país productos contaminados, caducados, no aptos para su consumo, que representan un riesgo sanitario y que pueden poner en riesgo millones de vidas, propagar enfermedades y hasta generar desconfianza en el mundo, por lo que nuestros productos serían rechazados en el mercado internacional.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PAN exigió al Presidente garantizar las medidas de control de riesgos sanitarios y fitosanitarios que realizan COFEPRIS y SENASICA en materia de alimentos y productos, además de cancelar el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (APECIC) en aquellas disposiciones que pongan en riesgo los alimentos que consumen los mexicanos.

De manera urgente solicitaron la comparecencia de los titulares de COFEPRIS y SENASICA para que expliquen como se garantizará la seguridad de los alimentos y productos que se importan al país, puesto que se está poniendo en grave riesgo la salud de la población por las ocurrencias del Presidente.

Esa política de relajación de las medidas de regulación sanitaria ya lo experimentamos hace meses en el abasto de medicamentos; la Secretaría de Salud y COFEPRIS dejaron de hacer su trabajo y de inmediato llegaron a México medicamentos de dudosa procedencia, empaquetados en idiomas extranjeros como el lituano y con las fechas de caducidad vencidas, que llegaron a poner en riesgo la vida de personas que los consumieron.

Si se deja de ejercer el control sanitario de los alimentos el gobierno federal estará incurriendo en una grave violación a la ley, que deberá ser castigada y tener consecuencias para los servidores públicos que incumplan en su deber de proteger la salud de la población.

Se requieren de instituciones técnicas, autónomas, con capacidad de gestión y supervisión, que puedan proteger nuestra salud; pero, por el contrario, el Presidente se empeña en destruir instituciones como COFEPRIS o SENASICA, para ahorrarse costos y poder utilizar esos recursos en sus proyectos faraónicos.

Mientras en el mundo el control de los peligros derivados de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria ha pasado a desempeñar un papel esencial, el gobierno federal ha demostrado que, por ahorrarse dinero, no le importa el tipo de alimentos que llegan a las mesas de las familias, ni poner en riesgo la salud de los mexicanos.

El “Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía” viola la ley en materia de control sanitario de los alimentos, al implementar mediamente un instrumento de carácter administrativo, acciones que son contrarias a la legislación nacional vigente y pondrán en riesgo a la población.

El Grupo Parlamentario del PAN exigió al gobierno federal que cumpla con la ley, más cuando se trata de garantizar la salud de la población, ningún acuerdo de carácter administrativo puede eliminar el control sanitario de los alimentos, sería catastrófico para la salud de millones y podría generar consecuencias para el país en materia económica, que lejos de resolver el problema de la inflación, generarían más costos sociales.