Ciudad de México, 28 de abril de 2022

TRANSCRIPCIÓN DE LA CONFERENCIA DE PRENSA DE LA DIPUTADA MARÍA ELENA PÉREZ-JAÉN ZERMEÑO, EN EL PÓDIUM DE ENTREVISTAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS,  SOBRE INICIATIVA RELACIONADA CON EL TEMA DE CORRUPCIÓN.

DIPUTADA MARÍA ELENA PÉREZ-JAÉN ZERMEÑO: Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, agradezco también la presencia de mis compañeras diputadas y mis compañeros  diputados de Acción Nacional y pues lo que les voy a comentar en este momento es muy importante  y tiene que ver con temas de corrupción.

El objetivo de esta conferencia de prensa, es para compartirles de una iniciativa que presenté el pasado martes 26 de abril, y está relacionada con el tema de corrupción.

Este proyecto legislativo se presenta en un contexto en el que los actos de corrupción persisten, se multiplican y se hacen evidentes, a pesar de que la promesa del actual gobierno fue terminar con la corrupción desde su primer día, donde barrería las escaleras de arriba hacia abajo y ya vimos que no ha ocurrido.

En este sentido, los legisladores estamos obligados a emprender acciones dirigidas a combatir todo acto de corrupción y que coadyuven al ejercicio transparente del gasto público.

En este sentido, decía,  los legisladores estamos obligados  a emprender acciones dirigidas  a combatir todo acto de corrupción  y que coadyuven  al ejercicio transparente  del gasto público,

En ese orden de ideas, la iniciativa que presentamos, busca incorporar en la legislación, los mecanismos legales que faciliten e impulsen la denuncia de delitos en materia de corrupción.

¿Y Por qué es relevante esta iniciativa? Porque esta iniciativa busca fomentar la denuncia de delitos de corrupción, a través de la protección de los denunciantes.

Nos preguntaremos, ¿cuál es el beneficio? Muchísimo y lo quiero explicar con un ejemplo. A quién no le ha pasado que llega a una oficina gubernamental y primero le piden más requisitos de los que establece la ley y después nos dicen que, si queremos acelerar las cosas, les demos dinero. Somos objetos de sobornos o de mordidas  como se ha proliferado en este sexenio.

Nosotros como ciudadanos vamos a las contralorías y presentamos la queja, hasta antes de esta propuesta ahí terminaba nuestra participación, por lo que se desincentivaba la presentación de quejas, ya que no sabíamos el procedimiento que se había seguido, ni tampoco si había existido algún tipo de resolución.

¿Qué sucede actualmente sin la modificación a la ley que se está proponiendo? Solo puedo acusar al servidor que me atendió y me pidió dinero y me pidió algún tipo de circunstancia  que muchas veces tampoco sabemos, pero bueno,  no puedo seguir el procedimiento.

El proceso se compone de dos facetas: la investigación, en la que el encargado del procedimiento investiga lo que se denunció y llama al servidor público para decirle que lo están acusando de corrupción.

Entonces, aunque yo tenga el acuse de los documentos, no lo puedo presentar, por lo que el gobierno no recibirá el acuse y queda sin sanción.

Otra pregunta, ¿qué sucederá en caso de una eventual aprobación de la iniciativa?, que es lo que estamos buscando con nuestro Grupo Parlamentario.

En la segunda faceta, el poder comparecer, ofrecer pruebas que rebatan en contrario del servidor público y se logre la sanción acreditando el ilegal actuar del servidor público.

Con esta acción, yo estaría en la posibilidad de demandar al gobierno por el daño que me ocasionó su trabajo a través de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de esta manera se cierra la pinza.

Desde hace siete años, en la vía jurisdiccional, se ha dado el reconocimiento de los derechos procesales para los denunciantes de actos de corrupción, toda vez que éstos, cuando presentaban la denuncia, no tenían la posibilidad de participar activamente en el proceso; es decir, por ejemplo, no podían aportar pruebas, no podían comparecer a juicio, únicamente interponían la denuncia y no conocían el desarrollo ni la resolución del proceso.

Con el tiempo, gradualmente se ha generado la incorporación de las personas denunciantes en el procedimiento originado en la lucha por los derechos de las víctimas y esta iniciativa sería el reconocimiento de esa lucha de las decisiones del Poder Judicial y buscando un equilibrio de los derechos procesales de las personas denunciantes, e incluirlo en la normatividad vigente.

Si me gustaría comentar que realmente no estamos inventando algo nuevo, es un tema que ya se ha analizado, incluso, ya está estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  y hay muchas también organizaciones de la sociedad  civil  que han estado impulsando estos temas, por lo que con esta iniciativa, lo que se pretende es reconocer e incluir las modificaciones del Poder Judicial en la legislación vigente.

Enseguida les menciono rápidamente, unos datos oficiales que dan cuenta de la problemática: en el año 2020, la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del INEGI, reveló que las víctimas de actos de corrupción en la prestación de servicios básicos, crecieron 7.5 por ciento, entre 2017 y 2019.

De acuerdo a la encuesta, el mayor porcentaje en experiencias de corrupción, se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública, con 59.2 por ciento de los casos, seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad, con 25 por ciento.

Esta información nos da una idea más completa de que la corrupción en la administración pública desvía grandes cantidades de recursos de los servicios públicos, como la salud, la seguridad, la justicia y la educación.

Además, nos queda claro que, en la función pública, la corrupción es un abuso fundamental de la confianza y de la rendición de cuentas, lo que deriva en la falta de transparencia en el ejercicio del gasto público y, por ende, en malos resultados de la gestión pública que termina afectando a los ciudadanos.

Ahora bien, hay dos puntos que me gustaría resaltar para mirar un panorama más completo del alcance a la corrupción.

El fenómeno de la corrupción es más complejo, debido a que además de participar el gobierno, también hay casos en los que participa la ciudadanía.

Los casos de corrupción y las consecuentes afectaciones, no son exclusivas del gobierno federal, se presentan en los diferentes órdenes de gobierno.

¿Cuáles ordenamientos estamos proponiendo se modifican en esta iniciativa? En esta iniciativa, pretendemos adicionar un párrafo a los artículos 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y; un párrafo al artículo 92 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Y para finalizar, me gustaría que se lleven claros los principales beneficios de esta iniciativa.

A los denunciantes de presuntos hechos de corrupción, se les reconoce la calidad de víctima, para que se les otorguen los derechos establecidos en la legislación vigente.

Que los denunciantes tengan participación activa en el procedimiento penal y gocen de los derechos correspondientes.

Se contribuye a mejorar la detección de la corrupción y disuadirla.

Se contribuye a reducir el margen que tienen los infractores de confiar en el silencio de las personas a su alrededor.

Y, por último, también se estaría contribuyendo a lograr una administración pública transparente y libre de corrupción.

Muchísimas gracias y gracias a mis compañeras y compañeros  por acompañarme en esta presentación.

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