Ciudad de México, 7 de septiembre de 2021

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO MARCO HUMBERTO AGUILAR CORONADO, PARA FIJAR LA POSTURA DE SU GRUPO PARLAMENTARIO RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO.

DIPUTADO MARCO HUMBERTO AGUILAR CORONADO (MHAC): Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados.

El día de hoy estamos aquí para discutir la Ley Federal de Revocación de Mandato y el objeto es precisamente regular todo el proceso y el artículo Quinto es muy claro.

El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación ciudadana, solicitado precisamente para determinar la conclusión anticipada del Presidente, del cargo de Presidente, por la pérdida de confianza, a partir de la pérdida de confianza.

Ustedes lo saben, aquí el Grupo Parlamentario del PAN, en la anterior Legislatura no impulsó el tema de la revocación del mandato porque creemos y confiamos en nuestro diseño institucional, que permite y nos ha permitido estabilidad política y, por supuesto, gubernamental y en tiempos recientes, pues todos lo sabemos, ha favorecido la alternancia política en este país.

En su tiempo, no suscribimos la idea de que el Presidente se tuviera que someter a una consulta por un tema de confianza popular.

La confianza en el  gobernante se expresa en nuestra democracia representativa, al generar mayorías a su favor o se rechaza a través de gobiernos divididos que abra la puerta al pluralismo en la deliberación de las agendas legislativas y la aplicación de las políticas públicas.

En lo que sí creemos y nosotros promovemos, es una participación ciudadana mucho más activa para exigir a los gobiernos que cumplan con su trabajo y tengan buenos desempeños para que haya transparencia y rendición de cuentas, para que haya mejores ejercicios y escenarios de gobernanza en nuestro país.

La sociedad no es más o menos activa por participar en este tipo de evento.

Yo celebro que la colegisladora no haya caído en la tentación de dejar la pregunta cómo se pretendía para transformar el proceso de revocación de mandato en un ejercicio solamente de ratificación, lo cual, no solo  habría desvirtuado la esencia de la reforma aprobada por el Constituyente Permanente, sino que además, habría sido una violación flagrante a lo mandatado por la Constitución, judicializándose, seguramente, antes de entrar en vigor.

La situación en la que nos encontramos, plantea un dilema que el Senado resolvió a medias.

La propuesta original planteaba una pregunta que sugería la ratificación, pregunta, por supuesto, en la que estábamos completamente en contra, al igual que estamos en la pregunta que estaba incorporada en la minuta  y dictamen, porque lo que marca claramente la Constitución es revocación de mandato. Esa es la figura de democracia directa que se aprobó por el Constituyente Permanente.

La redacción que  nos propone la colegisladora, no conduce a dar una respuesta contundente a la revocación, sí o no, sino que plantea dos escenarios diferentes sobre los que la ciudadanía tendría que optar, por lo que nosotros vamos a presentar reservas por supuesto, para reformular la pregunta dirigida hacia la revocación, en fin.

Compañeras y compañeros:

El día de hoy estamos ante este tema que se ha vuelto de gran relevancia en el debate y estamos ante la obligación de sacar adelante este instrumento jurídico para dar definiciones a este instrumento de participación ciudadana.

En Acción Nacional, votaremos a favor de este dictamen por la responsabilidad que tenemos como legisladores y para que las cosas se hagan de la mejor forma, aunque estaremos listos para discutir en lo particular varias reservas sobre el dictamen para que el Presidente de la República no puede incidir en la decisión de los ciudadanos para checar el incumplimiento, las sanciones por el incumplimiento de esta ley, por parte de todos y entre otras cosas también, para determinar con claridad sobre la transparencia y la fiscalización de los recursos a utilizar.

No hay evaluación del  impacto presupuestal por ejemplo, por parte del Centro de Estudios para las Finanzas Públicas, cuando es una obligación que se establece para los dictámenes, según un Consejero Electoral, este ejercicio podría llegar a costar 3 mil 500 millones de pesos.

¿Por qué no utilizar esos recursos mejor en temas de salud, seguridad o reactivación económica, que realmente eso es lo que necesita nuestro país?

De nada sirve acudir a estos instrumentos para simular la apertura democrática, si en su diseño existen fallas de origen que revela los verdaderos intereses e intenciones de quienes la promueven.

Muchas gracias, señor Presidente.

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YMJ