Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021
TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO IVÁN ARTURO RODRÍGUEZ RIVERA, PARA FUNDAMENTAR INICIATIVA QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ARMADA DE MÉXICO.
DIPUTADO IVÁN ARTURO RODRÍGUEZ RIVERA (IARR): Con su venia, diputada Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados.
La opacidad y corrupción de este Gobierno ha llegado a una de las instituciones mejor evaluadas por los mexicanos, una de las instituciones más queridas y más respetadas por todos nosotros, una de las instituciones cuya historia de lealtad al país, no merece ser manchada de la manera en que lo está haciendo ahora, nuestro Ejército Mexicano.
Una institución que suponíamos mostraba una verticalidad incorruptible, ayer nos enorgullecía su lealtad y apoyo inquebrantable al pueblo de México, éramos admiradores de su historia y aplaudíamos sus acciones convertidas en logros, hoy observamos uniformes teñidos de color corrupción y sumisión.
Durante su campaña, el Presidente de la República, no solamente criticó el abuso que el Gobierno anterior hizo de la figura de la adjudicación directa, como manera de contratar, sino que prometió acabar con ella, como una de sus medidas para poner fin a la corrupción, una más de sus promesas incumplidas.
Según las propias cifras del Gobierno, 8 de cada 10 contratos han sido otorgados mediante adjudicación directa, durante el año 2021, una cifra lamentablemente histórica.
Recientemente se ha dado a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional aumentó en 64% sus gastos en contratos celebrados sin licitación, además de que fueron otorgados a empresas fantasma de reciente creación o con domicilios en los que no hay empresa alguna.
No podemos seguir permitiendo que se dañe así a una institución pilar de nuestro país.
El Artículo Primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece sus bases de organización y distingue entre administración pública centralizada, entre las que se encuentran la Secretaría de Estado y Administración Pública Paraestatal.
Tratándose de las secretarías de Estado, la ley dispone que tendrán igual rango y, entre ellas, no habrá por lo tanto, preeminencia alguna.
Conforme al Artículo 109 de nuestra Constitución, los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determina la ley, para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.
Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de algún delito.
Tal mandato constitucional, se lleva a cabo de conformidad con la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, bajo el despacho de la Secretaría de la Función Pública.
Lo anterior fue así, precisamente por la necesidad de que la supervisión, fiscalización y auditoría de los recursos públicos, recaiga en un ente distinto del que los ejerce, en aras de cumplir con los principios de eficacia, eficiencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, introducidos en el texto del Artículo 134 constitucional, mediante reforma hecha en 1982 y los de economía y transparencia incorporados con posterioridad.
No obstante, tratándose de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, sus respectivas leyes orgánicas prevén la figura del inspector y contralor general, rompiendo así con el esquema que priva por mandato constitucional, con el resto de las dependencias que conforman la administración pública centralizada e invadiendo las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública.
Es decir, tanto las secretarías de la Defensa Nacional, como de Marina, gozan de un régimen de excepcionalidad que no se justifica jurídicamente, máxime que ambas dependencias forman parte de la Administración Pública Federal centralizada.
La transparencia y la lucha contra la corrupción, requiere también de imparcialidad y objetividad por parte de quien se encuentre facultado legalmente para supervisar, fiscalizar y auditar.
En el caso, ello no se cumple si la figura del inspector y contralor y de Marina, tienen plena dependencia del titular del ramo.
El control de los recursos públicos requiere autonomía de quien los ejerce, y lo que se propone, es que sea hecho por parte de un civil en ambas dependencias, en nada interfiere U obstaculiza su operatividad, ni mucho menos significa sumisión del mando militar.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional reconoce y admira el trabajo, entrega, lealtad que hace todas y todos los militares, desde el Alba hasta el ocaso, su tarea, disciplina y valor, lo hacen por demás admirable, pero también señalamos puntualmente, a fin de recomponer lo que está siendo vulnerado en este Gobierno, que es la transparencia.
Y les recuerdo con respeto estos valores a nuestros militares.
Que la lealtad siga siendo sostenida por la justicia.
Que el valor esté en todos los actos de servicio.
Que el patriotismo reine en el amor por México.
La abnegación anteponga el servicio a los intereses particulares y el honor, sea el sentimiento que impulsa a cumplir nuestros deberes como mexicanos.
Es cuanto, diputada Presidenta.