Ciudad de México, 23 de febrero de 2022

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO RODRIGO SÁNCHEZ ZEPEDA, PARA PRESENTAR INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

DIPUTADO RODRIGO SÁNCHEZ ZEPEDA (RSZ): Con su permiso, presidenta.

Compañeras diputadas y diputados.

Qué curioso que a estas alturas el presidente López Obrador tenga que explicar y justificar los muchos casos de corrupción de su propia familia, cuántas veces ha dicho que ya se acabó la corrupción, expliquémosle pues al rey de las mentiras el término conflicto de interés, para que lo entendamos, conflicto de intereses un fenómeno relacionado, sí, pero diferente al tráfico de influencia hacia la corrupción.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas define el conflicto de interés como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos, en razón de intereses personales, familiares o de negocios, lo cual no siempre debe implicar un intercambio de recursos, pero evidentemente, la relación entre las partes sí puede afectar las decisiones públicas, y ahí que la ley establece que los servidores públicos se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros, para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo, en razón de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad.

En el Gobierno de López Obrador el conflicto de interés, la opacidad, la corrupción, la manipulación, la mentira y la impunidad, han sido la constante, él mantiene un discurso mañanero obsoleto, predica una cosa y actúa completamente diferente, habla de austeridad sí, pero él vive en un Palacio y su hijo en la mansión de un contratista del Gobierno.

Esta faceta engañosa de buen samaritano le ha permitido fraguar en los oscurito contratos cuantiosos que han consentido a familiares, amigos y funcionarios como Bartlett, el hijo de Bartlett, Delfina, Zoé Robledo y Ana Gabriela Guevara, entre muchos otros, un caso familiar es el de Pío López Obrador, recibiendo claramente 1.4 millones de pesos.

El Presidente defendió lo sucedido y jamás declararon esos recursos al INE, por lo que se trató de financiamiento ilegal, además resultó beneficiado con un contrato de 89 millones de pesos para renovar el estadio de béisbol del equipo Guacamayas de Palenque, ¿adivinen qué? del que él es fundador y directivo; la prima Felipa con contratos que suman más de 365 millones de pesos con Pemex, en esta administración, los que han reconocido una misión en las asignaciones e iniciaron una investigación y la rescisión de los contratos, o los casos de su cuñada Concepción, el de su hermano José Ramiro, síndica y expresidente de Macuspana, el de Martinazzo, sorprendido con las bolsas de dinero, en fin.

Luego de presentar ante las fiscalías la denuncia correspondiente, es imperativo investigar el origen de los recursos de las lujosas casas de Houston en donde vive el hijo del Presidente, así como todo lo relacionado a los contratos de las empresas, proveedoras de Pemex, ya que después de recibir un contrato, un alto Ejecutivo de la empresa contratista de Pemex, le presta una casa de su propiedad.

Asimismo el hijo del Presidente informó que es asesor legal en KEI Partners, que tiene como socios a Iván y Erika Chávez, hijos de Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta y asesor del Presidente, o como él mismo dijo, “Daniel Chávez me ayuda como supervisor honorífico del Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada ni tenemos una relación de negocios, él no tiene negocios con el Gobierno federal, no hay ningún problema de interés, es uno de los empresarios que nos ayudan”.

No entiende que también él tiene que cumplir con la ley, Grupo Vidanta es beneficiario de este Gobierno, el conflicto de interés no reciben si se paga o es honorífica la relación, que les quede claro, contraviene algunos de los principios de honestidad, austeridad, transparencia y anticorrupción que el mismo Presidente, supuestamente, por supuesto, ha promovido aunque sólo sea puro teatro, pues aunque el acto en sí, no es un delito, la omisión de estos sucesos levantan cuestionamientos sobre posibles ilícitos.

Las y los diputados de Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal, en materia de conflicto de intereses y corrupción.

Si saben de todo esto y no apoyan esta iniciativa, en los hechos se desmorona el discurso moralista de austeridad y de lucha contra la corrupción de ustedes y de su jefe.

Además de borregos, hipócritas y cínicos, ustedes serán tapaderas de los corruptos de hoy, no culpen al pasado de su complacencia, serán cómplices.

Es cuánto Presidenta.