Ciudad de México, 23 de febrero de 2022

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ HERNÁNDEZ, PARA PRESENTAR INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 418 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

DIPUTADO HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ HERNÁNDEZ (HSTH): Con su permiso Presidenta.

La deforestación ha dejado una herida muy grande en nuestro país, México se quedó en el 2020, sin 300 mil hectáreas de cobertura arbórea. Esto se agrava más cuando hay un Gobierno insensible al tema de protección ambiental.

Resulta inaudito que haya un Gobierno que apoye y promueva la deforestación de nuestro país a través del programa Sembrando Vida, con el cual está comprobado que se perdieron más de 73 mil  hectáreas de cobertura forestal tan sólo en el año 2019, pero eso no es todo.

Otro ejemplo de ataque al medio ambiente es el proyecto del tren maya. A inicios de este año nos sorprendió el anuncio de otro cambio más al trazo original del proyecto. Con esto ya suman 7 cambios al proyecto original. Este último cambio en el tren maya ha sido el más agresivo de todos.

Javier May, llegó como titular del Fonatur con una encomienda y con el capricho de hacer realidad a cualquier costo el reciente cambio del tramo 5 del tren maya, el cual implica la suspensión de trabajos a la altura de playa del Carmen, donde se construía ya un bulevar elevado que atravesaría toda la zona urbana.

Este solo cambio de la ruta y la cancelación de los trabajos que ya se tenían avanzados, dejó como saldo aproximadamente 478 millones invertidos y lo más grave, 20 mil árboles talados simplemente tirados a la basura, árboles y dinero derrochado.

Ahora bien, a la par de estas afectaciones gubernamentales al medio ambiente, es necesario traer a colación el tema alrededor del tren maya, se suman de manera muy sospechosa la ampliación hasta por 15 años de 3 concesiones para ocupar playas públicas en Nayarit, Jalisco y Guerrero, y 2 nuevos permisos para Acapulco y Puerto Vallarta, para quién creen, sí, para el Grupo Vidanta, consorcio turístico a cargo de Daniel Chávez, consentido del Gobierno federal, empresario y asesor favorito del presidente López Obrador, nada más y nada menos que en el tren maya.

Al respecto, diversas organizaciones gubernamentales como acciones como mexicanos contra la corrupción, revelaron que esta ampliación de concesiones y de permisos fueron otorgados apenas en el año 2020, el mismo año en que el hijo del Presidente, José Ramón López, obtuvo la Visa para trabajar en Houston, con la empresa KEI Partners, empresa inmobiliaria creada por los hijos del mismo empresario, Daniel Chávez, fundador del Grupo Vidanta, seguramente casualidades de la vida.

Todo lo anterior cobra relevancia si tomamos en cuenta que el fundador de Vidanta en el pasado junio de 2020, fecha en la que se dio el banderazo de salida para el tren Maya fue designado como supervisor honorífico del proyecto del tren Maya. Esto refleja totalmente por la cuarta transformación, un desinterés por luchar contra el influyentismo, contra la corrupción y mucho menos tienen interés en la protección al medio ambiente.

Los caprichos presidenciales están primero, cumplir los cambios propuestos para echar a andar el tren Maya, sin importar la planeación, sin importar el derroche de recursos y los miles y miles de árboles talados, dejados a su paso.

Estas malas decisiones que han afectado al medio ambiente, deben de ser sancionadas y es por eso que propongo una modificación al artículo 418 del Código Penal, para aumentar hasta en 3 años la pena y una pena económica adicional de mil días de multa, en el caso de que contándose con la autorización correspondiente para desmonte o tala, el sujeto activo realice un fin distinto al autorizado y que, después de algún cambio, planeación, sea imposible la realización de la reparación del daño.

Lo anterior permitiría armonizar a su vez el Código Penal con la propia Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Por lo anterior, es que se propone esta iniciativa con el único propósito de que los daños ambientales y quienes lo realizan en el supuesto de una supuesta manifestación de impacto ambiental o de una ley, cuenten con la pena correspondiente al causar un daño ambiental irreparable por la negligencia y cambio de los objetivos originales que fueron autorizados.

Con esto evitaremos que la negligencia y la falta de una correcta planeación en mega obras caprichosas, sigan sin respeto al medio ambiente y sigan sin respeto a las leyes.

Es cuanto diputada presidenta y solicito se integre íntegro el texto de mi iniciativa al Diario de los Debates.